Denuncian sobre costo por reparacion de barco
Un manto de alarma vuelve a cernirse sobre la administración del rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Víctor Luna Barahona, tras la formalización de una nueva solicitud de auditoría forense ante la Contraloría General de la República. Esta vez, el motivo es un posible sobrecosto superior al millón de balboas en una contratación directa.
El punto de quiebre se centra en un presunto sobrecosto de B/. 1,028,550.05, detectado en un contrato adjudicado de manera directa en 2023 por el rector Luna Barahona a la empresa JAM Marine Dockyard S.A., es decir, antes de su controvertida reelección, actualmente cuestionada por presunto fraude electoral. Esta adjudicación ha reavivado las alertas en los sectores marítimos y académicos, y ha vuelto a poner en entredicho la transparencia en la gestión de los recursos públicos en la UMIP.
La denuncia se enfoca específicamente en el proceso de contratación para el suministro, instalación y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en seco del Buque Escuela Atlas III, por un monto total de B/. 1,905,550.05, embarcación insignia destinada a la formación práctica de los cadetes de la UMIP.
Sin embargo, pese a la millonaria inversión, la nave permanece inoperativa, fondeada en el área marítima de Amador, como resultado de graves daños en sus sistemas de control de navegación. Estos daños, presentes desde su entrega por parte de JAM Marine Dockyard S.A., han dejado al buque sin capacidad de maniobra ni gobernabilidad operativa.
A lo anterior, se suma el hecho cierto de que el rector Luna Barahona ha solicitado, dentro del presupuesto de la UMIP y ante la Asamblea Nacional, una asignación adicional de B/. 2,000,000.00 para el mismo buque, lo que ha generado aún más preocupación sobre la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
La denuncia fue interpuesta por el Capitán Manuel Marino, presidente del Grupo ProDefensa UMIP y miembro activo de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina. Marino recordó que el Buque Escuela Atlas III no es solo un activo académico, sino un símbolo de la excelencia marítima panameña. En ese sentido, subrayó la urgente necesidad de proteger a la UMIP de intereses personales o políticos que puedan desvirtuar su misión formativa, técnica y ética, haciendo un llamado a salvaguardar su integridad institucional en beneficio de las futuras generaciones de marinos.
Lo más grave es que, a pesar del crítico estado actual del buque, la administración del rector Luna Barahona -cuya reelección se encuentra actualmente en cuestionamiento por presunto fraude electoral ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía Anticorrupción-, recibió la nave sin que se le practicara una prueba de mar, procedimiento indispensable para certificar su funcionalidad y condiciones náuticas.
Cabe destacar que, al momento de ser entregado para el proceso de mantenimiento, el buque no presentaba problemas de gobernabilidad, lo que agrava aún más las sospechas sobre la calidad de los trabajos ejecutados por la empresa JAM Marine Dockyard S.A y el mal uso de los fondos públicos por parte de la UMIP.
En el centro del debate se encuentra una contradicción esencial: según la denuncia, la licitación fue estructurada bajo la premisa de que los trabajos se realizarían en dique seco, lo cual justificaba el precio elevado. Sin embargo, el contrato fue adjudicado a JAM Marine Dockyard S.A., empresa que únicamente ofrece servicios de varado en playa, una modalidad técnicamente distinta e inferior que, según estimaciones del sector de reparación naval, cuesta hasta un 70 % menos que los trabajos en dique seco.
Esta discrepancia sustancial entre el servicio licitado y el servicio realmente prestado ha desatado serios cuestionamientos sobre la transparencia, la idoneidad técnica y la legalidad del proceso de contratación.
El contrato denunciado -por un monto total de B/. 1,905,550.05- fue adjudicado mediante el Acto Público No. 2023-1-91-0-08-LV-006765 a la empresa JAM Marine Dockyard S.A., cuyo nombre, llamativamente, ya figuraba en una controvertida adjudicación anterior bajo la gestión de Luna Barahona, generando fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria.
Esa adjudicación previa, correspondiente a la Licitación Pública No. 2023-1-91-0-08, contemplaba el ensamblaje, instalación, puesta en marcha y capacitación para el uso de grúas destinadas a los botes de rescate y salvavidas del buque escuela Atlas III, por un monto de B/. 255,000.00. Esta contratación, también adjudicada a JAM Marine Dockyard S.A., se ejecutó de forma directa y, según denuncias documentadas, el costo del proyecto habría cuadruplicado el valor real de los servicios involucrados, avivando aún más las sospechas sobre un manejo irregular de fondos públicos.
Las inquietudes se intensifican al considerar los vínculos personales entre el rector Luna Barahona y el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, cuya gestión también adjudicó contratos directos a la empresa JAM Marine Dockyard S.A. Uno de estos contratos, por un total de B/.786,849.00, fue destinado en 2022 a la limpieza y desguace de dos embarcaciones encalladas en Colón y Bocas del Toro.
Cabe recordar que, en un movimiento que no pasó desapercibido en 2013, Luna Barahona nombró a Noriel Araúz como director de escuela en la UMIP. Años después, en 2019, Araúz fue designado como administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) durante el gobierno de Laurentino Cortizo. Posteriormente, ya al frente de la AMP, fue el propio Araúz quien nombró a Luna Barahona como Subdirector de Gente de Mar, cargo que este ocupó antes de retornar a la rectoría de la UMIP en 2020. Paralelamente, desde 2019 y hasta su salida del gobierno el lunes 1 de julio de 2024, Noriel Araúz también ocupó el cargo de vicepresidente del Consejo Superior de la UMIP, completando así un círculo de relaciones cruzadas que hoy plantea serias dudas éticas e institucionales.
Este entramado de vínculos personales e institucionales, sumado a la reiterada adjudicación de contratos a la misma empresa -JAM Marine Dockyard S.A.- refuerza los indicios de un posible esquema de favoritismo, conflicto de intereses y abuso de poder, cuyas consecuencias podrían haber comprometido seriamente la transparencia de la gestión pública y la credibilidad de ambas instituciones.
Este patrón recurrente de adjudicaciones, hoy objeto de una denuncia formal respaldada por pruebas documentales, amerita una revisión exhaustiva por parte de los órganos fiscalizadores del Estado. La documentación presentada es extensa y minuciosa: incluye desgloses de precios, cronogramas de ejecución, informes técnicos especializados y comparativos de cotizaciones, los cuales revelan posibles distorsiones significativas en los valores ofertados.
Este arsenal probatorio no solo respalda la gravedad de las acusaciones, sino que justifica la urgencia de una auditoría integral, rigurosa y sin dilaciones, que permita esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Cabe señalar que la solicitud no solo busca esclarecer un sobrecosto puntual: también plantea una revisión completa de la gestión financiera relacionada con el Atlas III, con el fin de determinar si existió manejo negligente, uso ineficiente o incluso malversación de fondos públicos.
Entre los hallazgos que sustentan la denuncia, destacan irregularidades y errores en la descripción técnica de los trabajos, inconsistencias en los cronogramas y discrepancias en las evaluaciones técnicas. Además, se advierte la ausencia de controles técnicos adecuados durante la ejecución, lo que compromete gravemente la transparencia del proceso y genera serias dudas sobre la legalidad del contrato refrendado.
El impacto del caso es directamente proporcional al monto involucrado. Una cifra significativa, sobre todo tratándose de un proyecto clave para la formación de los futuros marinos panameños. La gestión de recursos públicos en instituciones educativas no solo debe ser eficaz, sino ejemplar, considerando su impacto estratégico para el país.
La denuncia fue presentada formalmente ante el Contralor General de la República, Anel Flores de La Lastra, quien ahora tiene la responsabilidad institucional de responder al clamor ciudadano y académico por una verdadera rendición de cuentas. Su actuación será decisiva para garantizar transparencia, apego a la legalidad y la imposición de consecuencias concretas en caso de confirmarse las irregularidades.
Para mayor información contactar a Omar Wong Wood. 64608097
