¿Qué es el pacto de Estado por la Justicia?

Carlos Manuel Lee Vásquez

Abogado y miembro de la Comisión del Pacto de Estado Por la Justicia

En el año 2005 ante una gran crisis de la administración de justicia, la sociedad civil asumió una jornada de protesta encaminada a exigir el adecentamiento de uno de los órganos del Estado que tiene como responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho, el Órgano Judicial.

Durante las jornadas de protestas frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo reaccionó convocando una mesa de trabajo denominado Pacto de Estado por la Justicia, que tenía la tarea de realizar un diagnóstico del Estado de la Justicia y elaborar acuerdos encaminados a mejorar y corregir las falencias detectadas por el Pacto de Estado. La mesa estaba integrada por los tres órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo a las dos procuradurías y la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil representada por la Alianza Ciudadana pro Justicia, un espacio que aglutinaba en ese momento a unas 20 organizaciones de sociedad civil interesadas por el mejoramiento de la justicia integrada por el sector académico, el sector empresarial, movimientos sociales y el sector del gremio de Abogados, que además de ser miembro fundador de la Alianza Ciudadana pro Justicia, también fue convocado por el Ejecutivo en su condición de Colegio Nacional de Abogados, además se incluyó al Comité Ecuménico en calidad de garante y depositante del Pacto.

La tarea del Pacto de Estado por la Justicia una vez reunido, definió metas, metodología y lo más importante compromisos de cada uno de los componentes del Pacto de Estado. Con el fin de asegurar que los compromisos fueran cumplidos se determinó la creación de la Comisión del Pacto por la Justicia, encargada de monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada uno de los integrantes del Pacto de Estado por la Justicia.

Se definieron 5 áreas prioritarias para la reforma judicial: acceso a la justicia, reforma integral de la jurisdicción penal, reforma estructural del sistema de justicia, rendición de cuentas y transparencia, reformas jurisdiccionales. Un total de 27 acuerdos para estás áreas prioritarias que deberían implementarse a partir de firmado el informe ejecutivo y algunas reformas constitucionales que debería ser incluidas en cualquier esfuerzo futuro de reformas integrales a la Constitución incluyendo una propuesta intermedia de autorregulación del Gabinete para la selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Procuradores.

De los acuerdos después de 20 años se han logrado concretar las reformas de las jurisdicciones penal, civil, justicia administrativa, la carrera judicial, la justicia contenciosa administrativa, la adopción de la una Política Criminológica, autorregulación del Gabinete para el nombramiento de Magistrados. Algunos de estos acuerdos son hoy ley de la republica y otros son proyectos de ley que han sido presentados a la Asamblea para su respectivos debates y aprobación para convertirse en ley de la Republica.

Hoy quiero detenerme a la propuesta de Autorregulación del Gabinete para la selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El acuerdo de la Comisión del Pacto por la justicia fue la siguiente: “Propuesta de Resolución de gabinete para la Preselección de aspirantes a ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia y las Procuradurías”. Desde su aprobación a la fecha se han transcurrido 5 gobiernos: Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo y José Raúl Mulino quienes han tenido la responsabilidad de designar magistrados y procuradores para un período de 10 años respetivamente y en algunos casos para completar períodos de magistrados que por diversas razones no completaron su período o extendieron el mismo por más de los 10 años.

Cabe señalar algunos datos importantes frente al proceso señalado en la propuesta. Con excepción del Presidente Laurentino Cortizo, ningunos de los Presidentes acogieron la propuesta tal como se sugirió en el Pacto de Estado, en el sentido de darle a este ejercicio la categoría de “preselección”, es decir que al convocar a la Comisión no le dieron a ésta, la capacidad de hacer una preselección de los aspirantes que presentaron su documentación lo que limitó a la Comisión a examinar la documentación requerida y enviar la lista completa sin ponderación, por lo que la comisión se limitó a hacer publica la lista de los aspirantes y realizarle una entrevista publica basada  en  tres ejes temáticos establecidos por la Comisión a saber: valores éticos y morales, idoneidad técnica y jurídica, Derechos Humanos y democracia. Como indiqué el único que facultó a la Comisión de Evaluación a realizar una preselección enviando una lista corta de hasta 15 aspirantes ponderando su capacidad y competencia para el cargo fue el presidente Laurentino Cortizo todas las veces que tuvo que hacer designaciones para Magistrados. En ninguno de los casos utilizaron la propuesta para la designación de los Procuradores.

En el caso del presidente Ricardo Martinelli, la primera vez que ejerció su mandato constitucional para hacer la designación de Magistrados convocó a la Comisión de Evaluación, pero al entregársele el informe declaró que “no se iba a dejar embaucar” y realizó la designación de un abogado que no había presentado su documentación a la Comisión de Evaluación y mantuvo ese criterio en todas las veces que le correspondió designar magistrados. Cabe señalar que uno de los designados no completó su período ya que renunció ante acusaciones que se le formulo a través de los medios de comunicación y el magistrado que lo sustituyó, termino procesado y condenado por la Asamblea por lo que tampoco completó el período correspondiente.

¿Qué a aportado este ejercicio al mejoramiento de la justicia panameña? En primer lugar, debo señalar que representa un avance en la dirección correcta para lograr democratizar la justicia. Se ha logrado colocar el tema en la agenda pública, tanto de los medios de comunicación, como de la población que ya se ha acostumbrado a seguir las entrevistas, a enviar sus opiniones de los aspirantes. Se convirtió en la posibilidad de que abogados idóneos que no forman parte del círculo de influencia de los presidentes hayan confiado en la comisión y han presentado su postulación que de otra manera nunca hubiesen tenido la oportunidad de ser considerados para el cargo. Es un espacio que somete a los aspirantes al escrutinio publico dándoles la oportunidad de exponer sus capacidades y talento para ocupar dicho cargo.  Alguno de los designados en los períodos donde se ha activado el mecanismo han reconocido públicamente que, si no hubiese este espacio, no habrían podido ocupar el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

En este nuevo período gubernamental al señor presidente José Raúl Mulino le corresponde ejercer este mandato a fin de año para sustituir a dos magistrados a los que se les vence su período, uno de la sala civil y otro de la sala contenciosa administrativa y laboral. Ya ha comunicado que ejercerá su mandato contemplado en el numeral 2 del artículo 200 de la Constitución, sin la intervención del acuerdo de autorregulación sugerido del Pacto de Estado por la Justicia no nos ha sorprendido ya que en varias ocasiones ha expresado su desprecio por el Pacto de Estado por la Justicia y además fue la actitud de cuando fue parte del gabinete del presidente Martinelli.

Debo señalar que está decisión presidencial es totalmente legal y respetuosa del ordenamiento constitucional, pero también representa un retroceso en el camino de consolidar una democracia participativa que de alguna manera da mayor confianza en la administración de justicia, así como legitimidad y transparencia en la actuación del gobierno. Es una actitud contraria a los avances de las democracias modernas que dan valor a la participación de los ciudadanos.  Esperamos que junto con su gabinete tomen en cuenta la necesidad de fortalecer la independencia judicial que logre devolver la confianza y credibilidad de la administración de justicia.

“Quien más consulta menos se equivoca”