Control de RM en riesgo: Martinelli acusa persecución en los cambios al Código Electoral.
Un nuevo frente de confrontación se ha abierto en el escenario político panameño tras el avance del Proyecto de Ley de Reformas al Código Electoral en la Asamblea Nacional. El expresidente de la República y líder del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, denunció públicamente la existencia de una «jugarreta» legislativa coordinada para privarlo del control de su colectivo político y neutralizar su liderazgo de cara al ciclo electoral. La controversia estalla en un momento en que el Órgano Legislativo evalúa el paquete de modificaciones propuesto por el Tribunal Electoral, al cual se le han sumado propuestas de modificación introducidas por distintos bloques parlamentarios durante el primer debate. El meollo de la controversia: Las modificaciones a la directiva partidaria El foco del conflicto no radica únicamente en la redacción inicial enviada por el Tribunal Electoral, sino en las indicaciones y reformas normativas que buscan condicionar la permanencia de los dirigentes en las juntas directivas de los colectivos políticos. El debate legislativo gira en torno a tres ejes normativos fundamentales: 1. Suspensión del Sufragio Pasivo y Directivas (Artículo 10): El Artículo 10 del Código Electoral establece que no podrán ejercer el sufragio pasivo (el derecho a postularse y ser elegido) quienes tengan suspendidos sus derechos ciudadanos mediante sentencia ejecutoriada (Art. 10, Numeral 1). Las propuestas en mesa buscan extender de forma explícita esta inhabilitación para que no aplique solo a cargos de elección popular (como diputados o presidentes), sino que impida categóricamente ocupar o mantener cargos directivos y la presidencia de un partido político. 2. Representación Legal y Estatutos (Artículos 101 y 110): Conforme al Artículo 101, los estatutos de cada partido deben regular las facultades de sus directivos y la representación legal del colectivo. Se promueve una indicación que faculte al Tribunal Electoral para revocar de oficio el reconocimiento de la representación legal a cualquier presidente de partido que enfrente condenas o inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas, obligando a la reestructuración inmediata de su mesa directiva.
