Eliminación del subsidio electoral abre duro debate político en Panamá
La discusión del proyecto de reformas al Código Electoral en la Asamblea Nacional de Panamá ha alcanzado su punto más tenso tras la irrupción de una propuesta que busca reestructurar por completo el modelo de financiamiento político en el país: la eliminación total del subsidio electoral y la realización de una auditoría forense de los últimos 15 años sobre el uso de estos recursos públicos. La iniciativa, impulsada por el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Benicio Robinson, plantea derogar los artículos del Código Electoral que garantizan el financiamiento público a los partidos políticos y a las candidaturas por libre postulación. De manera paralela, se ha solicitado formalmente a la Contraloría General de la República inspeccionar detalladamente los libros contables, contrataciones y proveedores de las colectividades políticas durante el último decenio y medio. Un mecanismo con casi tres décadas de historia El financiamiento público electoral fue introducido en la legislación panameña mediante las reformas al Código Electoral de 1997 y comenzó a ejecutarse formalmente en las elecciones generales de 1999. El fondo se calcula legalmente tomando como base el 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central del año anterior a los comicios, dividiéndose en dos fases: un 50% preelectoral destinado a campañas y un 50% poselectoral distribuido a lo largo del quinquenio para funcionamiento, capacitación y organización. A lo largo de sus casi 30 años de vigencia, el monto asignado ha crecido a la par del presupuesto estatal, pasando de aproximadamente $15.3 millones en el periodo 1999–2004 a más de $109 millones para el quinquenio 2024–2029. En total, el Estado ha destinado más de $320 millones acumulados en subsidios a los partidos.
