La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho Castro, dio un paso significativo en la lucha contra la corrupción al aprobar en primer debate el proyecto de ley 27. Esta iniciativa busca aumentar la transparencia en la gestión de los servidores públicos de alta jerarquía al obligarlos a presentar actualizaciones anuales de su declaración jurada de patrimonio.
Según el diputado Roberto Zúñiga, proponente del proyecto, esta medida permitirá detectar de manera temprana posibles actos de corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente para mejorar la calidad de vida de los panameños.
Además, la comisión aprobó la creación de una subcomisión para analizar y enriquecer el proyecto de ley 28, que propone la figura del auditor de cumplimiento normativo en todas las instituciones públicas. Esta medida busca modernizar los sistemas de control interno y garantizar que se cumplan las normas establecidas.
Representantes de diversas instituciones, como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, participaron en el debate y presentaron sus observaciones sobre ambos proyectos. Aunque hubo consenso sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de control, se plantearon algunas reservas sobre la creación de nuevos cargos y la duplicidad de funciones.
La comisión también dio el primer paso para abordar otros temas cruciales, como el combate al crimen organizado y la trata de personas. Se prohijaron tres anteproyectos de ley relacionados con el comercio ilícito, el contrabando y la tenencia de armas de fuego, así como una iniciativa para fortalecer la lucha contra la trata de personas.
