Con el propósito de hallar soluciones a las graves fallas estructurales que afectan a las viviendas de la Barriada Valle de Los Cerezos, ubicada en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, se instaló oficialmente la primera mesa técnica interinstitucional bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo.
El encuentro, liderado por la defensora del Pueblo, Ángela Russo, contó con la participación del viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, en representación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Durante su intervención, Méndez destacó que el compromiso de la institución es escuchar a las familias afectadas y evaluar las vías legales de intervención disponibles para abordar la problemática.
El viceministro aclaró que el proyecto habitacional se desarrolló al amparo de la Ley 13 del 22 de enero de 2001, normativa orientada a incentivar la vivienda de interés social mediante el traspaso de terrenos estatales a desarrolladores privados. En ese sentido, puntualizó los límites de acción de la entidad:
«Es muy importante que las familias sepan que estaremos presentes en esta mesa, escuchando sus inquietudes para poder apoyarlos en la medida que sea posible. Sin embargo, como Miviot estamos limitados ante diferentes escenarios, dado que este es un proyecto privado y no podemos entrar de una manera abrupta si la ley no lo permite», precisó Méndez.
La mesa técnica reúne a diversos actores clave para delimitar responsabilidades y definir una ruta de respuesta integral. Además de las autoridades del Miviot y la Defensoría del Pueblo, la mesa está conformada por:
-
Representantes de las familias afectadas de Valle de Los Cerezos.
-
Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
-
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.
-
Superintendencia de Bancos de Panamá.
-
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
-
Autoridades locales del distrito de Arraiján.
Con el establecimiento de esta instancia, las entidades participantes buscan articular esfuerzos, evaluar los dictámenes técnicos y financieros, y encontrar una alternativa jurídica y socialmente viable para los residentes afectados.
