Por más de 30 años esperaron la legalización de sus terrenos, pero hoy esa espera llegó a su fin, y es que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), entregó un total de 95 asignaciones de lotes, a familias de las comunidades de la 13 de Febrero y Gedeón, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
Esta entrega fue encabezada por el titular de Vivienda, Jaime A. Jované C., quien destacó que a través de este proceso se logra beneficiar a aproximadamente unas 500 personas entre niños y adultos, que vivieron por más de 30 años en terrenos que no habían sido legalizados.
«Nos llena de profunda satisfacción estar hoy aquí junto a todos ustedes para dar un paso más a la solución de una deuda histórica del Estado panameño con estas dos comunidades. Ustedes se asentaron sobre tierras que en su momento fueron expropiadas por el Estado, construyeron sus hogares, criaron a sus hijos y echaron raíces en esta tierra, aún sin tener un título que respaldara lo que por justicia ya les pertenecía», dijo el ministro Jované C.
Manifestó que hoy, después de más de 30 años de espera, el Estado les devuelve esa certeza en forma de derecho.
Las certificaciones entregadas hoy por la Dirección de Asentamientos Informales permitirán a estas familias pagar de forma continua al Banco Hipotecario Nacional (BHN), en cómodas letras, los lotes asignados para que posteriormente puedan obtener sus títulos de propiedad.
En este acto protocolar también acompañaron al ministro Jované, el viceministro de Ordenamiento Territorial Frank Osorio, la viceministra de Vivienda encargada Idelcarmen de Palma, el Gerente General del BHN, Alberto Ortega y la directora de Asentamientos Informales Doris Henríquez, dando cumplimiento a los planes del Gobierno Nacional, del presidente José Raúl Mulino, de atacar la pobreza, acceso a recursos de subsistencia y desarrollo, inclusión, así como promoción de equidad y justicia social.
Una de las beneficiarias en la comunidad 13 de Febrero es la familia de Griselda Trujillo, que contaba con 30 años de residir en esa comunidad. Según relató, cuando se mudó a ese sector solo existían caminos de tierra y se abastecían de agua que tomaban de pozos o riachuelos, sin embargo, hoy la realidad es otra, ya que cuentan con calles pavimentadas y acceso a servicios básicos de agua potable y electricidad.
La señora Trujillo agradeció a Dios y al Gobierno Nacional por darle la oportunidad a ella y a los demás beneficiarios de iniciar el proceso de legalización de sus terrenos, un anhelo que sus familias esperaban consolidar desde hace décadas.
