Corte admite demanda contra resolución blindaje del Servicio Aeronaval
- La Sala Tercera de la Corte Suprema, admitió la demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad, contra la Resolución Blindaje 39, expedida por el Director del Servicio Nacional Aeronaval SENAN, Ramón Nonato López, por medio del cual se clasifica como confidencial y de acceso restringido la información o datos que emite, maneja y trata esa entidad de seguridad policial.
El Recurso Contencioso presentado en su propio nombre y representación por el abogado y periodista Justino González, sostiene que la Resolución 39 del SENAN publicada en la gaceta oficial digital no. 29085 de jueves 06 de agosto de 2020, padece de vicios ostensibles de ilegalidad y desviación de poder, porque persigue el fin ilegal de ocultar información pública.
La Resolución 39 del SENAN, infringe la Ley 6 de 22 de enero de 2002, el Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004, “Por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central y Ley 38 de 31 de julio de 2000, advierte el Recurso Contencioso de Nulidad.
Sostiene la Demanda Contenciosa de Nulidad, que la Resolución 39 expedida por el SENAN tiene la apariencia de estar ceñida a derecho, pero su fin es desconocer la transparencia en la función pública, la rendición de cuentas y sobre todo ocultar información pública que debe ser proporcionado a todos los interesados.
En el Recurso de Nulidad Interpuesto por el Licenciado Justino González, plantea que es de conocimiento público que la actual cúpula del SENAN, es objeto de investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción del Sistema penal Acusatorio, por los delitos en contra de la administración pública, como el peculado agravado, tráfico de influencias, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, fraude en actos de contrataciones públicas, entre otras conductas punibles que afectan directamente el erario público.
Según la Demanda de Nulidad, el SENAN se pretende amparar dentro de un manto de impunidad al pretender calificar información confidencial y acceso restringido datos, documentos, hechos, indicios que son necesarios para investigaciones penales, administrativas, disciplinarias e incluso procesos civiles, laborales o de otra índole con el pretexto de controlar toda la información.
