La Asamblea Nacional de Panamá ha recibido una serie de propuestas legislativas que buscan fortalecer la protección de diversos sectores de la población. Entre ellas destacan iniciativas para prevenir y sancionar la violencia vicaria, garantizar los derechos de las personas con discapacidad, proteger a los denunciantes de corrupción, promover la transparencia gubernamental y mejorar la normativa sobre el bienestar animal.
Un anteproyecto presentado por el diputado Jamis Acosta busca tipificar la violencia vicaria como un delito, la cual consiste en utilizar a los hijos o seres queridos de una víctima para causarle daño. Esta iniciativa busca proteger a mujeres y niños de este tipo de violencia, que a menudo queda impune.
Otro proyecto de ley, impulsado por la diputada Ariana Marisín Coba, tiene como objetivo eliminar los términos peyorativos utilizados para referirse a las personas con discapacidad. Al eliminar estos términos, se busca promover una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos de este grupo poblacional.
Los diputados Lenín Ulate y Jorge Isaac Bloise presentaron anteproyectos que buscan establecer un sistema integral de protección para las personas que denuncian actos de corrupción. Con estas iniciativas, se busca garantizar que los denunciantes puedan ejercer su derecho a denunciar sin temor a represalias.
El diputado Luis Duke presentó una propuesta para modificar la Ley de Transparencia, con el objetivo de ampliar el acceso a la información pública y fortalecer los mecanismos de control ciudadano. En particular, se busca eliminar las restricciones al acceso a las actas de las reuniones del Consejo de Gabinete.
La diputada Paulette Thomas presentó un proyecto de ley que busca unificar y actualizar la Ley 70 de protección animal. Con esta iniciativa se pretende fortalecer las sanciones contra el maltrato animal y garantizar una mejor protección de los animales domésticos.
Finalmente, el diputado Jorge Alberto González presentó un proyecto de ley que establece un régimen notarial en Panamá, con el objetivo de regular las funciones de los notarios y garantizar la seguridad jurídica de los actos notariales.
Estas iniciativas legislativas demuestran el compromiso del Estado panameño por construir una sociedad más justa y equitativa, donde se respeten los derechos de todas las personas y se proteja a los más vulnerables.
