El Director del Servicio de Protección Institucional SPI, Comisionado Julio Cesar Jean Louis incurrio en desviación de poder al emitir un acto administrativo que produjo el ilegal traslado de 36 miembros de esa entidad a la Policía Nacional.
La Demanda Contenciosa interpuesta por el abogado Justino González, tiene el objetivo de que la Sala Tercera haga la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo general contenido en la nota del 27 de mayo de 2020, suscrita por el Director del SPI, que según la demanda generó un quebrantamiento del ordenamiento administrativo.
Como consecuencia de ese acto administrativo general, fueron trasladadas 36 unidades de esa entidad a la Policía Nacional y se produjo la muerte por Covid del Capitan Miguel Quintero, atribuida al Director del SPI, acusado de Homicidio Culposo.
Según la Demanda Contenciosa, el acto administrativo se realizó obviando e incurriendo en una serie de irregularidades en relación con la competencia del funcionario que lo autorizó.
Los traslados ilegales no fueron autorizados por el Presidente de República, Laurentino Cortizo, y ni por el Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, hecho que vulnera la jerarquía contemplada en la ley del SPI para legitimar los traslados.
Además nunca se produjo el cambio de partida del Ministerio de la Presidencia a la que pertenece el SPI al Ministerio de Seguridad, al que pertenece la Policía Nacional.
Por otro lado, el abogado Justino González, reveló que presentará una querella penal, ya que los traslados de los 36 miembros del SPI no se hicieron con un fin público, sino ilícito porque tenían el objeto de perseguirlos.
«Trasladar a un miembro del SPI de a la Policía Nacional es considerado un castigo» agregó el jurista quien advirtió que acreditará ese hecho en la querella.
