julio 14, 2024

Está es la versión del Suntracs por el cierre de sus cuentas bancarias

Conozca por qué los obreros de la Construcción van a huelga mañana, miércoles 20 de junio

Es la historia de una canallada

Sin informar motivo alguno, sin existir causa judicial ni justificación y sin instrucción de la Superintendencia de Bancos, la estatal Caja de Ahorros a través de su gerente Juan Melillo, procedió unilateralmente al cierre de las cuentas bancarias del Suntracs que por más de 30 años poseía en dicho banco.

Han transcurrido más de siete meses del cierre de esas cuentas bancarias, desde mediados de noviembre del año pasado, a días del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el leonino contrato minero. Todos los bancos del sistema financiero se han negado aceptar los fondos legítimos del sindicato que proceden de la cuota obrera, es decir del dinero lícito producto del sudor y sacrificio de los trabajadores de la construcción que están bajo el amparo de la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS, importante conquista laboral que ya le garantiza a la mayoría de los obreros salarios mínimos por encima de los mil balboas mensuales, salud laboral, ayuda social, mejores condiciones de trabajo y que constituye un modelo para otras profesiones y oficios. Si esos fondos no fueran legales como han insinuados calumniadores y difamadores profesionales, entonces serían las empresas y el Gobierno unos lavadores de dinero, pues son ellos los que actúan como agentes retenedores del aporte que dan los trabajadores a su sindicato.

Hablamos de un caso de terrorismo financiero

El Súperintendente de Bancos, Amauri Castillo, en declaraciones brindadas el 29 de marzo del presente año, señaló claramente que se trató de una medida política. Castillo «justificó la decisión del cierre de cuentas bancarias porque el SUNTRACS ha sido muy beligerante y hay un nivel de insatisfacción con respecto a la manera de cómo protestaron en el tema minero».

Al Suntracs se le ha negado justicia. El Ministerio Público ha sido indiferente y no ha brindado atención debida al conjunto de recursos legales interpuestos por el Suntracs frente a esta medida abusiva de la gerencia de la Caja de Ahorros.

A nivel internacional crece la solidaridad de las organizaciones obrera y organismos de derechos humanos. Igual a nivel nacional.

Distintas misiones han venido a Panamá y en la recién concluida Conferencia Internacional de trabajo de la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza, fue amplio el apoyo recibido por el Suntracs y el reconocimiento de que el Estrado panameño viola los derechos laborales.

Sin embargo, la medida se mantiene por el interés de la mafia minera y empresarial y por la ultra derecha en destruir la organización más grande y beligerante de la clase trabajadora de Panamá y menoscabar sus fuerzas ante el anuncio del gobierno entrante de imponer reformas criminales en la Caja de Seguro Social (CSS), reactivar el proyecto minero, impulsar políticas de privatización, entre otras perversas medidas contra la población por parte de un gabinete empresarial representativo de los intereses de los 115 ultramillonarios, entre ellos, los Boyd, Galindo, Motta, Orillac, Fábrega, Arias, Navarro Quelqueju, Martínez Acha, Chapman, Vallarino, Brenes Eleta, González Revilla, Linares, Icaza Clement, Pages, Mizrachi, etc. Es decir, los apellidos de esa casta oligarquica y corrupta que tiene secuestrada a Panamá desde 1903.

Históricamente, en cada coyuntura, los mismos de siempre y sus medios de comunicación intentan dividir al pueblo.

Te dicen, «a mí qué me importa el Suntracs, su problema es de ellos y no nos deben mortificar al resto», refiriéndose hoy a la lucha contra el arbitrario cierre de sus cuentas bancarias.

Igual lo dicen cuando se tratan de jubilados, comunidades, estudiantes, originarios, campesinos, productores, educadores, médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, pacientes sin medicinas ni tratamientos, menores abusados, mujeres víctimas de violencia, trabajadores cuyos derechos son vulnerados, pobres y desempleados, panameños discriminados por su color de piel, origen social, preferencia sexual o forma de pensar, que se ven obligados a salir a las calles al no obtener respuestas a sus necesidades más apremiantes.

«A mí qué me importa»

Promueven la indiferencia del pueblo frente al crimen, la impunidad y las injusticias y buscan evitar que se manifieste la solidaridad entre panameños.

Esa lógica mató a Pedro Prestán y a Victoriano Lorenzo.

Esa es la misma lógica que se impuso para desaparecer a Héctor Gallego, torturar y asesinar a Floyd Britton y otras víctimas de la dictadura, como también ocurrió con los caidos de la invasión del 20 de diciembre de 1989.

Imagínense que Panamá hubiese sido indiferente a la decapitación de Hugo Spadafora porque para algunos era un problema solo de la familia Spadafora o que la humanidad hubiese sido insensible al apartheid y la prisión de Nelson Mandela, porque era solo cosa de ese negro.

O que, bajo esa lógica (lo intentaron), el pueblo se hubiese paralizado en la lucha contra el enclave minero, porque «a mí que me importa si esa mina está lejos de mi casa, ese es un problema de la gente que vive allá y de ese tapir que por allí anda».

Si esa lógica se impusiera, hoy tuviésemos la mina operando y saqueando nuestros recursos naturales, devastando todavía más el Corredor Biológico Mesoamericano, en base a un contrato minero que violaba 25 artículos de la Constitución Política de Panamá.

La lucha del Suntracs no es solo de sus miembros ni de su Cooperativa

La medida adoptada por la mafia financiera se dio como represalia por la determinante y victoriosa participación del SUNTRACS en la gesta patriótica contra la mina y, por ende, es un hecho que nos incumbe a todos.

Se ataca al Suntracs y se judicializa a los luchadores sociales, no a los autores de esa aberración jurídica ni a los traidores a la Patria.

La medida contra el Suntracs es un atentado a las libertades democráticas, a los derechos humanos, a la libertad sindical, al cooperativismo y al derecho de recibir un servicio público que los bancos deben brindar a todos los panameños y que el Estado, por Constitución y leyes, debe garantizar.

Quieren convertir a los obreros de la Construcción en parias en su propia tierra, condenados injustamente a la indiferencia, el escarnio público, al desprecio, a la exclusión y a la humillación mediante campañas mediáticas permanentes de satanización.

Por eso esta es una lucha que nos incumbe a todos.

Por eso no podemos ser indiferentes.

Hoy es el SUNTRACS, pero mañana puedes ser tú, si aceptamos pasivamente que el capital financiero imponga una dictadura y opere por encima de todos los poderes del Estado.

Siempre, como ahora ocurre con los tirios y troyanos de las elecciones del 5 de mayo pasado, habrán los que agachen el lomo ante el nuevo verdugo electo, el poder económico y la gran empresa.

Pero siempre hay panameños dignos con la fe de que las causas nobles, la justicia y la solidaridad al final se impondrán frente a la indiferencia, la maledicencia y la desesperanza.

Apoyemos la huelga del Suntracs de este jueves 20 de junio y todas las acciones que se realicen en su favor. La unidad del pueblo es una urgencia.

“La solidaridad es la ternura de los pueblos”.

“Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”.
—Martin Niemöller

Artículo 377. Código de Trabajo de Panamá
Los fondos de cada organización social deberán mantenerse depositados en una institución bancaria, situada en la localidad donde tenga su domicilio, si la hubiere, o en otra distinta.
Los fondos y bienes de las organizaciones sindicales no serán susceptibles de secuestro, embargo u otra medida cautelar. Se exceptúa el embargo decretado en un proceso ejecutivo hipotecario contra el inmueble dado en garantía.

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