Un grupo de estudiantes de Derecho y abogados, liderados por el reconocido catedrático Miguel Antonio Bernal, ha solicitado a la Asamblea Nacional que se modifique la Ley 350 de 2022, con el fin de eliminar el requisito del examen de barra para ejercer la abogacía en Panamá.
Durante una reciente sesión legislativa, Bernal, en representación de los estudiantes, argumentó que este examen vulnera los derechos de los futuros abogados y que no es una medida efectiva para garantizar la calidad de los profesionales del derecho. Además, destacó que el examen ha demostrado ser un obstáculo significativo para muchos egresados, ya que un alto porcentaje no logra aprobarlo.
Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa legislativa, coincidió con Bernal al señalar que el examen de barra es éticamente cuestionable y que representa una intromisión del Órgano Judicial en las competencias del Órgano Ejecutivo. Cedeño también expresó su preocupación por el impacto negativo que este requisito tiene en los estudiantes, quienes deben dedicar meses de estudio adicional para prepararse para el examen.
La propuesta de eliminar el examen de barra ha generado un intenso debate en el país. Los defensores de esta medida argumentan que la educación legal proporcionada por las universidades panameñas es suficiente para garantizar la competencia de los abogados y que el examen de barra es una barrera innecesaria que limita el acceso a la profesión.
Sin embargo, los detractores de la propuesta sostienen que el examen de barra es necesario para asegurar un nivel mínimo de conocimientos y habilidades en los abogados, y que su eliminación podría comprometer la calidad de la justicia en el país.
Un reciente examen de barra, aplicado bajo la Ley 350 de 2022, arrojó resultados alarmantes: un 94% de los aspirantes no logró aprobar la prueba. Este dato ha sido utilizado por los opositores al examen para respaldar su argumento de que el examen es demasiado difícil y que no refleja las competencias reales de los egresados.
La Asamblea Nacional deberá analizar a fondo la propuesta de reforma a la Ley 350 y escuchar las opiniones de todos los actores involucrados, incluyendo estudiantes, abogados, universidades y el Órgano Judicial. Se espera que en los próximos meses se lleve a cabo un debate amplio y profundo sobre este tema, que tiene importantes implicaciones para el futuro de la profesión legal en Panamá.
