mayo 10, 2021

Hace 70 años fue derrocado por segunda vez el presidente Arnulfo Arias Madrid

Por José Quintero De León

Hoy, hace 70 años, el jueves, 10 de mayo de 1951, fue derrocado por segunda vez el discutido presidente de la República, Arnulfo Arias Madrid, caudillo carismático y controversial que gobernó al país en tres convulsos períodos, los cuales no llegó a concluir.
A su paso por nuestra historia dejó un legado político que aún guardan en el recuerdo generaciones de seguidores que mantienen su imagen como la del líder nacionalista y político incorruptible, a cuyo gobierno se opusieron mezquinos intereses económicos e ideológicos.
Fue un jueves sangriento. A Arias Madrid, llamado por la plebe el “Cholo de Río Grande”, lo seguían miles de simpatizantes por su doctrina panameñista, preñada de un nacionalismo a ultranza, derechos sociales y por su verbo fulgurante. Según los periódicos de la época, desde el 7 de mayo la conspiración se había orquestado para separarlo del poder, luego que la Asamblea decidió relevarlo del cargo por emitir un decreto que violaba de manera flagrante la Carta Magna.
Han pasado 70 años de ese cruento episodio de la política panameña, y si los herederos del arnulfismo o panameñismo sostienen que fue una traición de los poderes legislativo y judicial para sacarlo del poder, otros analistas estiman que Arias Madrid fue artífice de su propia caída, al no tener tacto político ni habilidad para realizar alianzas que le apoyaran en su ejercicio.
Según algunos politólogos, la suerte estuvo echada para el “Cholo de Río Grande” cuando ese 7 de mayo emitió un decreto que abolía la Constitución de 1946, disolvía la Asamblea Nacional y pasaba a la interinidad a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por si fuera poco, suspendía las garantías constitucionales y, para enfrentar la sedición, había ordenado arrestar a varios políticos y diputados opositores.
Sin embargo, faltaba el elemento de fuerza que catalizara el plan. Esa era la Policía Nacional comandada entonces por un militar que escondía aspiraciones presidenciales, el malogrado José Antonio Remón Cantera, quien finalmente ordenaría el asalto al Palacio de Las Garzas, ante la negativa de Arias Madrid de entregar el poder.
Narran los reportes periodísticos que ese jueves 10 de mayo, los alrededores del palacio de San Felipe se fueron llenando de seguidores del presidente ya derrocado por decisión de la Asamblea Nacional y rubricada por la Corte Suprema de Justicia, la cual había resuelto que la actuación del Legislativo, de separar a Arias Madrid, no quebrantaba el orden constitucional.
Y si Arias Madrid contaba con un gran respaldo popular, otras fuerzas opositoras se coaligarían para forzar su salida. Fue entonces que una manifestación de sectores profesionales, comerciales, políticos, incluso de izquierda, se plantaron ante el Cuartel Central de la Policía Nacional y bajo el grito de ¡decídase Comandante!, exigieron que los rifles depusieran al jefe del Ejecutivo ante sus “intenciones” de constituirse en dictador.
El choque en la Presidencia fue terrible. El asedio al palacio tardó dos días sumando al final de la jornada once muertos, entre ellos el escolta presidencial mayor Alfredo Lezcano Gómez y el secretario de presidente, José “Gallito” Ehrman, sin contar los cientos de heridos de bala y golpeados por la policía.
Tras esta agonía, Arias Madrid abandonó el Palacio, del brazo de su esposa Ana Matilde Linares, seguido por su gabinete y simpatizantes. Sus ropas mostraban manchas de sangre, salpicadas tras el fragor del asalto armado;  un rictus de impotencia dibujaba su rostro.
Fue antes de abandonar la Presidencia cuando calificó de “traidores” a quienes se coaligaron para derrocarlo y lanzar su histórico grito: “Volveremos”, promesa que cumplió el 1 de octubre de 1968, para volver a ser derrocado, esta vez por Omar Torrijos, Boris Martínez y otros oficiales de la Guardia Nacional, tan solo a 11 días de haber asumido el poder.

El 25 de mayo siguiente, Arias Madrid fue condenado al exilio por la Asamblea Nacional, privándole de por vida de sus derechos políticos.

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