Ley 23 busca poner fin a pagos millonarios injustificados a directivos de empresas estatales
La Asamblea Nacional ha dado un paso significativo hacia la transparencia y la eficiencia en la gestión de las empresas estatales. Con la aprobación del Proyecto de Ley 23, se busca poner fin a la práctica común de otorgar millonarias indemnizaciones a altos directivos al finalizar sus periodos.
Esta iniciativa legal establece normas claras y precisas sobre las prestaciones laborales que corresponden a los gerentes generales, subgerentes generales y auditores internos de las empresas estatales. Los puntos clave de la ley son:
- Eliminación de indemnizaciones injustificadas: Se prohíbe el pago de altas sumas de dinero en concepto de liquidaciones a estos funcionarios al finalizar su gestión.
- Igualdad en las prestaciones laborales: Se garantiza que los directivos reciban las mismas prestaciones que los demás trabajadores, como el décimo tercer mes y las vacaciones, pero de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
- Claridad en el régimen laboral: Se establece que los altos directivos son servidores públicos de libre nombramiento y remoción, por lo que no tienen derecho a las mismas prestaciones que los trabajadores de planta.
La aprobación de esta ley representa un importante avance en la lucha contra la corrupción y la mala gestión en el sector público. Al evitar el pago de indemnizaciones millonarias, se garantiza un uso más eficiente de los recursos públicos y se fomenta una mayor transparencia en la administración de las empresas estatales.
La diputada Adriana Coba, proponente de la ley, señaló que esta iniciativa surgió ante la evidencia de pagos excesivos e injustificados a altos directivos de empresas estatales, los cuales representaban una pérdida millonaria para el erario público.
Con la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional, el siguiente paso es su sanción por parte del Ejecutivo. Una vez promulgada, esta normativa entrará en vigencia y marcará un antes y un después en la gestión de las empresas estatales.
La Ley 23 representa un importante avance en la lucha contra la corrupción y la mala gestión en el sector público. Al establecer normas claras y precisas sobre las prestaciones laborales de los altos directivos de las empresas estatales, se busca garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos
