El Órgano Ejecutivo ha emitido el Decreto Ejecutivo N.° 77 del 27 de octubre de 2026, el cual reglamenta de manera rigurosa la Ley 316 de 2022 sobre la Declaración Jurada de Intereses Particulares. La normativa establece un marco estricto de fiscalización, multas severas y procesos disciplinarios para aquellos funcionarios y sujetos obligados que incumplan con la transparencia o intenten ocultar posibles conflictos de intereses. El nuevo decreto detalla los mecanismos de control que aplicará la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), otorgándole facultades para auditar, sancionar y exigir responsabilidades tanto en el ámbito administrativo como en el penal. Puntos clave del nuevo decreto: • Sanciones por omisión e incumplimiento: La falta de presentación de la declaración en los plazos establecidos conlleva una multa fija de tres (3) meses de salario devengado, además de dar inicio a un proceso disciplinario que puede derivar en la suspensión del cargo. Para las presentaciones extemporáneas se aplicará una multa proporcional de un (1) mes de salario. • Declaraciones defectuosas o incompletas: Si la información consignada resulta imprecisa o insuficiente para detectar fuentes de conflictos de intereses, se impondrá una multa de dos (2) meses de salario, otorgando un plazo perentorio de diez días hábiles para su corrección antes de proceder con sanciones disciplinarias. • Graves consecuencias por información falsa: Consignar datos falsos con la intención de ocultar un conflicto de intereses será sancionado con una multa equivalente a cuatro (4) meses de salario o la recomendación directa de destitución a la autoridad nominadora, sin perjuicio de las denuncias penales que se remitirán al Ministerio Público por delitos contra la fe pública. • Control en el cese de funciones: Las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones del Estado quedan obligadas a notificar formalmente a los exservidores sobre su Declaración de Cese. Se establece la retención temporal de la liquidación o prestaciones laborales hasta que la ANTAI certifique el cumplimiento de este requisito.
