Aunque la Ley 55 de 2003 (que reorganiza el Sistema Penitenciario de Panamá) establece que la seguridad interna y custodia de los privados de libertad corresponde exclusivamente a un cuerpo civil especializado, la Policía Nacional sigue dentro de los penales debido a una combinación de déficits operativos, crisis de seguridad y decisiones administrativas acumuladas durante más de dos décadas. El Sistema Penitenciario no cuenta con la cantidad suficiente de custodios civiles para cubrir el crecimiento de la población carcelaria en todo el país. Aunque se han creado academias de formación penitenciaria, las promociones de nuevos agentes no alcanzan a suplir las vacantes, renuncias o la apertura de nuevos centros, obligando al Estado a depender del pie de fuerza policial para mantener los turnos de vigilancia. Los custodios civiles son personal administrativo y de vigilancia preventiva que, por norma, no porta armas de fuego dentro de los pabellones ni tiene entrenamiento táctico para motines de alta violencia. Ante la presencia de pandillas altamente organizadas, tráfico de armas dentro de las celdas y fugas masivas (como las registradas en La Joya y La Joyita), las autoridades consideran que el cuerpo civil sería rebasado sin el respaldo táctico policial. Según el Ministerio de Seguridad, gran parte de los delitos graves en las calles (extorsiones, sicariato y narcotráfico) se coordinan desde el interior de los penales. Bajo este argumento, la Policía sostiene que su presencia dentro de los pabellones es indispensable para realizar inteligencia, requisas constantes y decomisos de armas y teléfonos celulares, funciones que exceden las herramientas actuales de los custodios civiles.
