En una jornada histórica que sacude los cimientos políticos y financieros de Sudamérica, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo acorralado por un inminente juicio político en el Congreso y un creciente descontento social. La caída del mandatario ocurre tras el colapso e intervención estatal de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor crecimiento en el país, en un escándalo que involucra directamente a la cúspide del gobierno.
La crisis institucional estalló a principios de semana cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino de madrugada a Ueno Bank por una severa insuficiencia de solvencia. La investigación reveló un esquema de presunto vaciamiento a través de préstamos concedidos a empresas vinculadas al principal accionista del banco, el Grupo Vázquez. Las operaciones irregulares habrían alcanzado unos 628 millones de dólares, sobrepasando con creces el límite legal del 20% del patrimonio efectivo (fijado en unos 80 millones de dólares).
El caso salpicó directamente a la Presidencia: Peña fue accionista del Grupo Vázquez hasta marzo de 2024, lo que desató acusaciones de conflicto de intereses, manipulación regulatoria y encubrimiento. La dimisión del presidente del BCP, Carlos Carvallo —quien dirigió la entidad financiera antes de asumir la supervisión bancaria del Estado—, confirmó las sosobras sobre fallas graves de control y la dinámica de «puerta giratoria» entre el sector privado y el regulador público.
Anatomía de la crisis: claves del colapso de Ueno Bank y sus secuelas
El impacto social y económico de la caída de Ueno Bank ha paralizado las actividades comerciales cotidianas del país, dejando al descubierto severas debilidades de la gobernanza institucional:
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Parálisis para millones de clientes: Ueno Bank contaba con cerca de 3 millones de clientes sobre una población de 6,1 millones de habitantes, apalancado en una agresiva estrategia de banca digital, patrocinios deportivos masivos y la captación de depósitos públicos por cerca de 850 millones de dólares, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).
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Pérdida de respaldo político: El golpe definitivo contra Peña provino de las filas de su propia agrupación, el Partido Colorado. El expresidente Horacio Cartes confirmó públicamente el respaldo del oficialismo al juicio político promovido por la oposición, forzando la dimisión del mandatario ante la certeza de su destitución.
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Respuesta judicial e intervenciones: La Fiscalía ha imputado a 27 personas por presuntas irregularidades cometidas entre 2025 y 2026. Miguel Vázquez, CEO del Grupo Vázquez y directivo del banco, se entregó a las autoridades tras emitirse una orden de captura en su contra.
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Incertidumbre en el hub financiero: Las aglomeraciones frente a los bancos, las protestas ciudadanas nocturnas en Asunción y los comunicados de figuras públicas —incluidos futbolistas de la Selección Nacional con millonarios depósitos retenidos— amenazan la reputación de estabilidad macroeconómica y el reciente grado de inversión que Paraguay ostentaba ante los mercados internacionales.
Para contener el pánico bancario, el BCP activó el Fondo de Garantía de Depósitos y promulgó medidas de emergencia para canalizar la liquidez hacia la banca comercial privada, mientras el Congreso evalúa aceptar formalmente la renuncia de Peña para definir el traspaso de mando presidencial.
