Cilia Flores, esposa del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este miércoles en su petición ante el juez Alvin K. Hellerstein para que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria antes del inicio de su juicio en Estados Unidos, argumentando que su permanencia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn agrava seriamente su estado de salud.
A través de documentos judiciales presentados por su equipo legal, la defensa de Flores respondió formalmente a la negativa de los fiscales federales, quienes la semana pasada se opusieron a la medida al considerar que existe un alto riesgo de fuga y que la acusada representa un peligro para la comunidad.
Los abogados de Flores, de 69 años, sostienen que su salud ha experimentado un marcado deterioro desde su captura junto a Maduro el pasado 3 de enero durante un operativo militar estadounidense en Caracas. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos, acusaciones que la pareja rechaza de manera categórica.
«Ha perdido peso significativo y dos molares. Toma múltiples medicamentos cardíacos al día y mantiene nitroglicerina a la mano», detalló la defensa en el escrito remitido al tribunal.
Rebatimiento de los argumentos de la fiscalía
La defensa destacó que los fiscales no refutaron las evidencias sobre el deterioro físico de su clienta y desestimó la tesis de que Flores disponga de recursos ilimitados o tenga la capacidad de amenazar a eventuales testigos.
Respecto al riesgo de fuga sostenido por el Gobierno estadounidense, el equipo legal enfatizó el compromiso familiar y judicial de la procesada:
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Permanencia junto a su cónyuge: «Su esposo está detenido en este distrito y enfrenta los mismos cargos. Ella está comprometida a ver ambos casos hasta el final y escapar significaría abandonarlo».
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Control estricto de comunicaciones: Para mitigar el argumento de la fiscalía sobre el posible contacto con terceros en Venezuela, la defensa ofreció un esquema en el que Flores únicamente disponga de una línea telefónica fija sometida a monitoreo permanente.
Propuesta de condiciones y fianza
Para materializar el arresto domiciliario, los abogados plantearon al juez Hellerstein un esquema de financiamiento respaldado por el Gobierno venezolano, el cual asumiría:
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Los costos de arrendamiento de la vivienda elegida (cuya ubicación se mantendría bajo reserva por motivos de seguridad y privacidad).
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Los gastos del monitoreo electrónico y la custodia del inmueble.
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El nombramiento de un custodio responsable de reportar cualquier incumplimiento de las medidas impuestas, sumado al pago de una fianza formal.
En su petición final, la defensa solicitó que se conceda la libertad condicional previa al juicio bajo los términos presentados o, en su defecto, se convoque a una audiencia probatoria para evaluar el caso.
El juez Alvin K. Hellerstein fijó para el próximo 8 de octubre la audiencia en la que se debatirá formalmente esta solicitud. Cabe recordar que el inicio del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores quedó programado para el 1 de junio de 2027.
