La decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, de ordenar la «suspensión provisional» del presidente Gustavo Petro ha desatado una tormenta política y jurídica en Colombia. La medida, calificada por diversos sectores como inconstitucional, busca apartar al mandatario de su cargo hasta que finalice la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.
El anuncio se produce en un momento de máxima tensión política, mientras el país se prepara para definir en las urnas al sucesor de Petro en un reñido balotaje.
Los argumentos de la suspensión
Arizabaleta, quien paradójicamente pertenece al Pacto Histórico (el mismo partido del mandatario), justificó la polémica orden basándose en una investigación abierta el pasado 26 de mayo por la presunta participación en política de Petro durante la actual campaña electoral.
La congresista dictaminó la suspensión del ejercicio del cargo hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 p.m. (hora local), momento en que se cierran las urnas. Según Arizabaleta, la medida busca evitar que la permanencia del jefe de Estado interfiera en el trámite de la investigación, argumentando además que contra esta decisión «no procede recurso» alguno.
«El día final de mi mandato saldré»: La respuesta de Petro desde la ONU
La noticia sorprendió al presidente Gustavo Petro en Nueva York, donde se encontraba presidiendo una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU enfocada en la paz de Oriente Medio. Ante el organismo internacional, el mandatario desmintió las acusaciones y las sospechas de que busca perpetuarse en el poder de forma ilegal:
«Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué».
Petro también fue enfático al asegurar que no ha realizado «intervenciones políticas» que vulneren las normas electorales.
Unanimidad jurídica: La Comisión no tiene facultades constitucionales
El principal motivo por el cual la medida carece de aplicación inmediata es la falta de competencia de la Comisión de Acusaciones para destituir o suspender a un mandatario. La Constitución colombiana establece un fuero presidencial donde las facultades están estrictamente divididas:
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La Comisión de Investigación y Acusación: Funciona únicamente como un ente de instrucción y fiscalía. Si encuentra méritos, debe acusar al presidente ante la plenaria de la Cámara.
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El Senado de la República: Es la única institución con la potestad constitucional para suspender o apartar de su cargo al presidente de la República.
Reacciones del Gobierno y juristas
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Armando Benedetti (Ministro del Interior): «En derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. (…) No puede suspender al presidente, y menos la voluntad de una sola representante».
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Roy Barreras (Expresidente del Senado): Ratificó que la medida «no tiene ninguna validez jurídica» ni efecto alguno, calificándola de inconstitucional.
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Alejandro Ocampo (Miembro de la Comisión): Salió a aclarar que el organismo de forma conjunta «no ha tomado ninguna decisión contra el presidente» y desmintió los reportes mediáticos de una suspensión en firme.
La oposición habla de «autoatentado» y «victimización»
El candidato presidencial de ultraderecha, Abelardo de la Espriella (movimiento Defensores de la Patria), quien ganó la primera vuelta con 10,3 millones de votos, calificó la sorpresiva orden de Arizabaleta como un «autoatentado legislativo».
Según De la Espriella, la maniobra —al ser abiertamente ilegal— fue diseñada a la medida del Gobierno para permitir que Petro «se victimice, haga campaña y le prenda fuego al país». El candidato opositor coincidió en que la Cámara de Representantes cometió un «prevaricato monumental» al invadir funciones exclusivas del Senado.
El panorama hacia la segunda vuelta
Esta crisis institucional añade combustible a una recta final de campaña sumamente polarizada. El próximo 21 de junio, los colombianos elegirán al nuevo presidente entre dos opciones opuestas:
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Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria): Ganador de la primera vuelta con el 43,78 % de los votos.
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Iván Cepeda (Pacto Histórico): Candidato del oficialismo que obtuvo el 40,98 % de los sufragios.
