Ecuador aprueba «ley antimafias» con penas de hasta 60 años de prisión
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este lunes la denominada “ley antimafias”, un proyecto legislativo de iniciativa oficialista estructurado con asesoría de Italia que reforma diversas normativas para robustecer la respuesta estatal frente al crimen organizado. Entre sus medidas más severas destaca una acumulación excepcional de penas que alcanza hasta los 60 años de cárcel.
La propuesta fue impulsada inicialmente en junio por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, quien calificó la aprobación como un hito que marca “un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado” emprendida por el presidente Daniel Noboa desde 2024, tras declarar un estado de conflicto armado interno frente a los grupos delictivos.
Claves y reformas de la normativa
El texto legal salió adelante con 85 votos procedentes del oficialismo y sus aliados políticos, aunque no contó con el respaldo de la bancada de oposición Revolución Ciudadana (RC).
La legislación introduce modificaciones profundas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y el código de la Función Judicial. Entre sus ejes centrales figuran:
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Acumulación de penas de hasta 60 años: El tope máximo de reclusión —fijado hasta ahora en 40 años— se eleva a 60 años exclusivamente cuando se trate de la acumulación de tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, y la suma de las penas individuales supere las cuatro décadas.
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Nuevos tipos penales: Se tipifican delitos específicos vinculados al reclutamiento forzado de personas, el desplazamiento interno y el confinamiento de comunidades a través de amenazas o violencia.
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Protección judicial y controles profesionales: Se contemplan mecanismos especiales para resguardar la identidad de los jueces encargados de procesar causas de delincuencia organizada, además de establecer la inhabilitación profesional para abogados y contadores que faciliten u oculten dolosamente estas actividades ilícitas.
Posturas encontradas
Mientras que el oficialismo defiende la medida como una herramienta indispensable frente a la crisis de seguridad, sectores de la oposición expresaron su desacuerdo. La asambleísta Jahiren Noriega (RC) criticó el proyecto al señalar que se limita a endurecer las penas “sin una justificación técnica”, cuestionando la efectividad de las reformas punitivas implementadas desde 2018 frente a las cifras de criminalidad.
El diseño y contenido de la ley incluyeron la cooperación técnica del Gobierno italiano. En virtud de este intercambio, la presidenta del Legislativo entregó reconocimientos a una delegación de ese país encabezada por la diputada y presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, Chiara Colosimo.
El proyecto de ley fue remitido al Ejecutivo para su ratificación por parte del presidente Daniel Noboa, paso previo obligatorio para su entrada en vigencia oficial en el registro legal del país.
