En México expertos advierten cautela ante la persistencia de la violencia

Los índices oficiales de criminalidad en México, incluidos los homicidios dolosos, registraron una caída significativa durante el segundo año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, mientras la administración federal celebra las cifras como prueba de la eficacia de su estrategia de seguridad, especialistas en la materia piden cautela y subrayan que el descenso estadístico no equivale al fin de la violencia en el país.

Desde el inicio de su mandato el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum ha mantenido el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, priorizando además el fortalecimiento de las labores de inteligencia y la captura de líderes criminales, varios de los cuales han sido extraditados a Estados Unidos.

De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el primer año de su gestión cerró con 25.878 víctimas de homicidio doloso, mientras que al término del segundo año la cifra se redujo en un 30,85%, ubicándose en 17.893 víctimas.

El informe oficial también reporta descensos interanuales en otros delitos de alto impacto:

• Secuestros: caída del 27,81%.

• Trata de personas: baja del 13,90%.

• Extorsión: descenso del 3,75%, tras la implementación de una estrategia específica en julio de 2025.

• Feminicidios: reducción del 3,36%.

Las razones detrás de las cifras, bajo escrutinio

Tanto la mandataria como su gabinete han destacado estos datos como un reflejo directo del trabajo institucional. Sin embargo, analistas señalan que múltiples factores externos a la acción gubernamental podrían estar incidiendo en los números.

Carolina Jasso, académica de El Colegio de México, advirtió a CNN que una menor tasa de asesinatos no significa necesariamente que el país sea más seguro, recordando que la crisis de desaparición de personas continúa vigente. Además, apuntó que la reducción podría obedecer a reacomodos internos entre organizaciones criminales o a un desplazamiento hacia otras actividades ilícitas.

En la misma línea, el especialista en seguridad David Saucedo señaló que existen diversas hipótesis operando de manera simultánea en distintas regiones del país: desde una mejor coordinación policial —como ocurre en la Ciudad de México— hasta posibles acuerdos de «paz narca», el ocultamiento de cuerpos por parte del crimen organizado o un eventual «maquillaje» de estadísticas en algunas fiscalías estatales.

El impacto en las empresas y la «cifra oculta»

El panorama de contrastes se replica en el sector económico. Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2023 y 2025 la tasa de delitos por cada 10.000 unidades económicas bajó de 6.114 a 5.605, reduciendo el costo total de la inseguridad para las compañías de 124.300 millones a 115.100 millones de pesos (unos US$ 6.188 millones).

Sin embargo, el mismo estudio revela que la «cifra oculta» —delitos que no se denuncian o que no derivan en una investigación— escaló del 90,3% al 91,8%. Para Saucedo, este subregistro refleja la desconfianza empresarial hacia las instituciones —en un contexto donde más del 60% percibe corrupción en policías y jueces— y sugiere que muchos negocios optan por negociar directamente con los grupos delictivos para poder operar.

Baja la percepción de inseguridad nacional, pero persisten focos rojos

Por su parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada a finales de octubre mostró que la percepción social de inseguridad a nivel nacional bajó al 58,1% en septiembre, frente al 63% registrado en el mismo mes de 2025. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, celebró el avance en redes sociales, aunque reconoció que «hay mucho por hacer».

A pesar del promedio nacional, el reporte del Inegi evidencia que en varias urbes golpeadas por disputas del narcotráfico o crisis de violencia local, más de ocho de cada diez ciudadanos siguen sintiéndose inseguros, encabezando la lista Irapuato (90,5%), Chilpancingo (86,9%), Mazatlán (85,8%), Puebla (84,5%) y Cuernavaca (83,1%).