A más de ocho meses de la captura del expresidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela reveló en un nuevo informe que, si bien se han registrado “mejoras limitadas” en materia de derechos humanos y una disminución de la represión más severa, el aparato represivo del país se mantiene “intacto”.
El reporte, dado a conocer este miércoles, analiza los acontecimientos del último año en el contexto de los cambios políticos derivados de la intervención estadounidense del pasado 3 de enero y la posterior llegada al poder de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
El sistema permanece sin reformas institucionales
Desde que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la Misión en 2019 para evaluar las violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, el organismo ha mantenido una postura de cautela. La misión de expertos, presidida por Sofía Macher Batanero, aseguró que “las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas”.
El informe destaca una “disminución significativa” en las detenciones de larga duración y las desapariciones forzadas asociadas directamente al ataque militar de enero. Bajo el mandato de Rodríguez, el Ejecutivo ha impulsado medidas como excarcelaciones, una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
Hasta el 14 de septiembre, la ONG Foro Penal ha documentado un total de 1.073 liberaciones de personas privadas de libertad por motivos políticos, y la Misión ha reconocido un margen ligeramente mayor para la protesta pública y la participación de la sociedad civil. Sin embargo, los expertos advierten que estos cambios no han estado acompañados de reformas institucionales profundas que garanticen mejoras sostenidas.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, puntualizó Macher Batanero, advirtiendo que cualquier apertura actual es “frágil y reversible” mientras no se desmantelen las estructuras represivas y se garantice la independencia judicial.
Persisten las denuncias de torturas y detenciones arbitrarias
A pesar de las liberaciones, la Misión documentó que continúan registrándose patrones de tortura y tratos crueles contra los detenidos por motivos políticos, con casos específicos reportados en el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I y en el Fuerte Guaicaipuro, ambos ubicados en el estado Miranda.
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil contabilizaron al menos 214 detenciones arbitrarias políticas, aclarando que el 94 % de ellas ocurrieron en 2025, antes de la caída de Maduro. Mientras Foro Penal cifra en 344 los presos políticos que continuaban tras las rejas hasta mediados de septiembre, los cálculos de la Misión estiman que la cifra real podría ascender hasta los 500. Asimismo, se advirtió sobre un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración posteriores al 3 de enero, orientados a intimidar a periodistas, activistas y actores sociales.
Ante este panorama, la experta María Eloísa Quintero instó a las autoridades a tomar medidas decisivas para asegurar la rendición de cuentas e instaurar un marco de justicia transicional centrado en las víctimas, criticando además la opacidad oficial que dificulta conocer con precisión la situación jurídica y el paradero de los detenidos.
El rol de los colectivos
De forma paralela, la Misión presentó una investigación específica sobre los colectivos venezolanos, los grupos paramilitares empleados históricamente por el gobierno de Maduro para hostigar a la oposición.
Según el documento que será presentado formalmente este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos, estos grupos operan como un engranaje central del control social y del aparato represivo estatal, manteniendo diversos grados de coordinación y convergencia con las fuerzas de seguridad oficiales. La investigación concluye que su participación en abusos sistemáticos contra los derechos humanos se ha prolongado más allá de 2014, vulnerando de manera directa la vida y la libertad de los ciudadanos.
