Fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York se preparan para presentar nuevos cargos penales contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Las nuevas acusaciones señalan su presunta responsabilidad en la tortura y malos tratos infligidos a ciudadanos estadounidenses que permanecieron bajo custodia del Gobierno venezolano durante su régimen.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los cargos formales podrían anunciarse este mismo jueves. El expediente abarca la detención arbitraria de más de una docena de estadounidenses, a quienes la diplomacia de Washington y defensores de derechos humanos calificaron reiteradamente como «rehenes políticos».
Adicionalmente, los investigadores examinan la imputación de otros funcionarios del régimen venezolano vinculados a estas violaciones de derechos humanos.
Detención y proceso judicial en curso
El matrimonio Maduro-Flores permanece bajo custodia federal sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, tras ser capturados en enero durante una operación militar de las fuerzas especiales estadounidenses en el palacio de gobierno en Caracas.
Hasta la fecha, ambos se han declarado no culpables de los cargos iniciales de conspiración para el narcoterrorismo y tráfico de drogas, con un juicio fijado para junio de 2027. Para este jueves está programada una audiencia judicial en la que la defensa de Flores solicitará la concesión de arresto domiciliario a la espera de los procedimientos legales.
Testimonios de abusos en la DGCIM
Las denuncias que sustentan la nueva acusación provienen de testimonios de exdetenidos estadounidenses:
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Casos de Matthew Heath y Osman Khan: Liberados en un intercambio de prisioneros en octubre de 2022, ambos detallaron en demandas civiles haber sufrido ahogamiento simulado (waterboarding), descargas eléctricas, administración forzada de psicotrópicos, aislamiento prolongado y amenazas de agresión sexual. Heath, exmarino de EE. UU., intentó quitarse la vida durante su cautiverio.
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Los «CITGO 6»: Exejecutivos directivos de la filial petrolera —entre ellos Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano— reportaron brutales condiciones de reclusión durante sus casi cinco años de detención arbitraria.
La mayoría de estas personas permaneció recluida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas. Informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han documentado que la DGCIM aplicó sistemáticamente descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, golpizas, violencia sexual y privación de alimento para extraer confesiones forzadas y castigar a opositores.
