En una reunión extraordinaria convocada tras las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre la eliminación de futuros procesos electorales, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad una resolución que exige al Gobierno nicaragüense la celebración de comicios libres y la liberación incondicional de los presos políticos.
El documento, impulsado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades del país centroamericano a garantizar las condiciones necesarias para llevar a cabo procesos electorales «libres, justas e inclusivas». Asimismo, demanda la restitución de la separación de poderes, la divulgación del paradero de las personas desaparecidas y la devolución de la nacionalidad a los ciudadanos despojados de ella.
Grupo de seguimiento y posturas internacionales
Para supervisar el cumplimiento del mandato, la OEA dispuso la creación de un grupo ministerial de seguimiento que buscará entablar un diálogo con el Gobierno nicaragüense y la oposición, con la obligación de presentar un informe con recomendaciones en un plazo de 90 días.
Pese al respaldo general al texto, la cumbre reflejó discrepancias diplomáticas. Brasil manifestó su rechazo a calificar la situación interna de Nicaragua como «una posible amenaza a la paz y a la seguridad regionales». Por su parte, el secretario general del organismo, Albert Ramdin, enfatizó la urgencia de restaurar el orden constitucional y sugirió el uso de sanciones económicas focalizadas y restricciones financieras y de viaje contra altos funcionarios de la administración Ortega-Murillo.
Escalada de tensiones diplomáticas
El encuentro —la primera reunión de consulta ministerial convocada por la OEA desde la crisis de Venezuela en 2019— no contó con representación de Nicaragua, país que formalizó su salida del organismo panamericano en 2023.
Durante las intervenciones se confirmaron nuevas fricciones diplomáticas:
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Estados Unidos: El subsecretario de Estado, Christopher Landau, denunció que la administración nicaragüense vetó el ingreso de la nueva embajadora estadounidense, Natasha Franceschi.
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República Dominicana: El canciller Víctor ‘Ito’ Bisonó anunció el cierre de la embajada dominicana en Managua de manera indefinida mientras continúe el deterioro democrático.
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CIDH: La relatora para Nicaragua, Rosa María Payá, calificó al régimen como un «estado policial» que aplica mecanismos de intimidación transnacional contra sus opositores en el exterior.
La respuesta de la comunidad internacional surge tras las declaraciones de Daniel Ortega del pasado 19 de julio, en las que dio por concluidas las elecciones en el país, seguidas de reformas constitucionales para inhabilitar a la oposición bajo el cargo de «traición a la patria».
