La Fiscalía Anticorrupción de Panamá ha iniciado una investigación formal por el delito de peculado en relación con la asignación irregular de ayudas económicas estudiantiles otorgadas por el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
La denuncia fue presentada por el propio IFARHU, cuya administración actual ha denunciado la existencia de «posibles irregularidades» en la distribución de estos fondos durante el primer semestre de 2024. Según el director del IFARHU, Jaime Díaz, se otorgaron ayudas económicas «sin respaldo financiero», lo que ha generado una deuda de 34 millones de dólares y ha afectado a unos 200.000 estudiantes.
La Fiscalía ha señalado que las irregularidades se habrían producido entre enero y junio de este año, y que se están investigando posibles actos de corrupción en la gestión de estos fondos públicos.
El caso ha generado una gran polémica en Panamá, luego de que una investigación periodística revelara que entre los beneficiarios de estas ayudas se encontraban familiares de altos funcionarios del gobierno anterior, incluyendo al expresidente Laurentino Cortizo. Además, la Contraloría General del país ha sido criticada por no haber transparentado la información sobre los beneficiarios de estos fondos.
La opinión pública y diversos sectores de la sociedad civil han expresado su indignación ante este escándalo, exigiendo una investigación exhaustiva y el castigo de los responsables.
