La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) lanzó un enérgico rechazo a los señalamientos de Panama Ports Company (PPC) y el Grupo Hutchison, calificando sus recientes declaraciones como «falaces e injuriosas». La disputa surge tras la decisión del Estado de asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión vigente desde 1997.
Cumplimiento de un fallo histórico
A través de un comunicado oficial emitido este jueves 19 de marzo, la AMP subrayó que la actuación del Estado responde estrictamente al fallo del pasado 29 de enero de 2026, el cual anuló la Ley No. 5 de 1997. La entidad recordó que las sentencias del máximo tribunal son «finales, definitivas y de obligatorio cumplimiento», lo que obliga al Ejecutivo a ejecutar la recuperación de las terminales.
La autoridad marítima reveló que, tras el dictamen, se intentó establecer una transición ordenada con la empresa; sin embargo, denunció que PPC y sus afiliadas se negaron a colaborar. Según la AMP, la compañía llegó incluso a «ocultar información», lo que dificultó el proceso de traspaso coordinado.
Ocupación temporal, no expropiación
Ante la falta de cooperación y con el fin de garantizar la continuidad del servicio público, el Órgano Ejecutivo emitió un decreto de ocupación sustentado en la Ley General de Puertos. La AMP fue enfática al aclarar que esta medida:
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No constituye una expropiación: Se trata de una utilización temporal de los bienes mientras se determina su valor justo.
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Garantiza el debido proceso: La institución rechazó los términos de «confiscación» o «actos arbitrarios» utilizados por la operadora, asegurando que se han respetado los derechos legales de la empresa.
Deterioro en las instalaciones
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento señala que, al tomar posesión de las terminales operadas por el Grupo Hutchison, se constató un «deterioro significativo» en la infraestructura. La AMP afirmó que las instalaciones se encuentran actualmente alejadas de los estándares internacionales de eficiencia y mantenimiento.
Batalla en tribunales internacionales
El conflicto se ha trasladado ahora a la Cámara de Comercio Internacional (CCI), donde PPC inició un proceso de arbitraje contra el Estado panameño. La AMP confirmó que ejercerá su defensa en dicha instancia y anunció que, por respeto al proceso legal, se abstendrá de emitir más declaraciones públicas hasta que el tribunal arbitral dicte una resolución final.
Finalmente, el Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad jurídica y la protección de la inversión extranjera, siempre que esta se enmarque en el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República.
