El programa de incentivos y oportunidades de empleo a resocializados y el que transparenta las actas y archivos del Consejo de Gabinete, fueron los principales proyectos de ley aprobados, en primer debate, por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho.
La primera iniciativa, propuesta del diputado Camacho, señala que “La principal tarea de la pena es lograr la resocialización, considerando que nuestro sistema carcelario no es el mejor, dado que una vez cumplida la pena, sale a la calle y no encuentra trabajo o se le cierran todas las puertas”.
Según Camacho, la población penitenciaria, en 2018, rondaba alrededor de las 17,000 personas y, hoy, alcanza unas 25,000; de esta cifra se ha establecido que más del 75% de esta población tiende a reincidir en las primeras 72 horas, por lo que estamos fracasando en esta materia.
Ante esta realidad, decidió respaldar la iniciativa propuesta por Rafael Zevallos, de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, cuya ONG, conformada por empresarios panameños, que entiende las necesidades de generar oportunidades de inserción laboral para que esas personas, a fin de que esa responsabilidad no recaiga únicamente en el gobierno, dado que la empresa privada tiene que poner su cuota de aporte para generar vacantes.
La otra iniciativa aprobada en primer debate, que transparenta las actas y otros archivos del Consejo de Gabinete, presentada por el diputado Luis Duke, busca fortalecer nuestras instituciones con la transparencia, en aras de seguir lo dicho por el presidente de la República, de transparentar las actas del Consejo de Gabinete y hacerlas públicas.
Para analizar y robustecer los proyectos de Ley 128 y 152, que adicionan normas al Código Penal para sancionar el contrabando de alimentos y el de delitos de seguridad alimentaria, se enviaron a una subcomisión, la cual estará conformada por los diputados Francisco Brea (Quien la presidirá), Didiano Pinilla y Luis Eduardo Camacho.
Además, se prohijaron dos anteproyectos de Ley; el que eleva a delito la venta clandestina de la lotería, y el que modifica la Ley 350 del 21 de diciembre de 2022, que regula el ejercicio de la Abogacía en Panamá.
