La Asamblea Nacional de Panamá ha generado una nueva controversia al restringir el acceso a las reuniones de la Comisión de Presupuesto. A partir de ahora, únicamente los diputados principales y sus suplentes habilitados, junto con el personal autorizado por la directiva, podrán asistir a estas sesiones.
Esta medida, anunciada por el presidente de la Comisión, Sergio Gálvez, ha sido justificada por la limitada capacidad de la sala. Sin embargo, la decisión ha sido criticada por excluir a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso legislativo.
Diputados de la bancada Vamos han denunciado que esta resolución es un intento de cerrar las sesiones al público y limitar la participación ciudadana. Sin embargo, Gálvez ha rechazado estas acusaciones, asegurando que no existe ninguna prohibición expresa para los medios de comunicación.
La diputada Betserai Richards ha expresado su preocupación sobre un traslado presupuestario de B/.800 millones aprobado en la sesión, cuestionando si estos fondos están siendo destinados a empresas vinculadas con camiones cisterna y a exdiputados del PRD.
Durante la sesión, se discutió un significativo traslado presupuestario de B/.800 millones, incluyendo partidas para el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). La diputada Richards ha planteado dudas sobre la transparencia de estos movimientos, sugiriendo que podrían beneficiar a intereses particulares.
Las nuevas restricciones impuestas por la Comisión de Presupuesto han reavivado el debate sobre la transparencia y la accesibilidad del proceso legislativo en Panamá. Críticos argumentan que estas medidas limitan la participación ciudadana y dificultan la fiscalización de los actos de gobierno.
