La relación entre el gobierno panameño y los sectores gremiales ha alcanzado un punto álgido tras el anuncio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) de solicitar la disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), una medida calificada por el sindicato como una «persecución política». Simultáneamente, la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad de Panamá han expresado preocupación por planes de inversión extranjera en la industria cárnica y láctea.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, presentó el pasado jueves 17 de julio una solicitud formal para disolver el Suntracs, argumentando que la organización ha «desvirtuado su propósito original» de defender los derechos de los trabajadores y ha incurrido en «actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos». Muñoz insistió en que esta acción no es un ataque al sindicalismo, sino una búsqueda de un «sindicalismo responsable, democrático y representativo», calificando a la dirigencia de tener «vicios mafiosos» y «violentos».
La decisión ha sido respaldada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien la calificó de «valiente» y en defensa de la «institucionalidad democrática» y el «legítimo derecho de los trabajadores a sindicalizarse». Chapman subrayó que la postura de Muñoz «sienta un precedente importante en la protección de los derechos laborales y el respeto al orden legal», y que ahora «corresponde a la justicia determinar el curso de acción».
En respuesta, la junta directiva de Suntracs, junto a su equipo legal, calificó las declaraciones y acciones del gobierno como «ilegales e inconstitucionales» y un «paso más en la persecución» contra el sindicato. El abogado Rolando Murgas Torraza, miembro del equipo legal de Suntracs, denunció que lo que sucede es un «desmantelamiento del estado de derecho del país» y advirtió que la medida podría sentar un precedente peligroso para cualquier otra organización sindical. Murgas Torraza también recordó que, a pesar de la salida de Panamá de las listas grises, el país figura en una lista de 25 naciones con mayores violaciones a la libertad sindical, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El dirigente Genaro López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, reiteró la postura del sindicato, afirmando que las acusaciones carecen de base legal y que la resolución de Muñoz para que las cuotas sindicales sean entregadas al Mitradel es «totalmente ilegal». López denunció que diferentes gobiernos han intentado «dividir o fraccionar» al Suntracs, e incluso el presidente José Raúl Mulino había declarado previamente su intención de «reducir al Suntracs a su mínima expresión».
La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha confirmado que la convención colectiva 2022-2025 con Suntracs se mantiene vigente y que los derechos adquiridos de los trabajadores no se verán afectados. Capac reconoció la labor del Mitradel en la fiscalización de las organizaciones sindicales, enfatizando la importancia de que estas actúen «conforme a los principios que justifican su existencia: la defensa de los derechos de los trabajadores y el fortalecimiento de relaciones laborales equilibradas».
La solicitud de disolución de Suntracs se produce en un contexto de alta tensión, con varios de sus líderes enfrentando procesos legales y medidas cautelares. Saúl Méndez, secretario general de Suntracs, se encuentra asilado en la Embajada de Bolivia en Panamá, mientras que Erasmo Cerrud busca asilo en la Embajada de Nicaragua. Genaro López tiene prisión domiciliaria, y Jaime Caballero se encuentra en la cárcel La Joya. Estos procesos incluyen denuncias por presuntas irregularidades en un proyecto en Bocas del Toro y supuesto blanqueo de activos, cargos que los sindicalistas niegan. Además, en febrero pasado, la banca estatal cerró las cuentas de Suntracs y en mayo canceló sus cooperativas asociadas.
En un desarrollo separado, Anagan y la FCA de la Universidad de Panamá han manifestado su inquietud por el interés de inversionistas sudamericanos, especialmente argentinos, en establecer operaciones de procesamiento de carne y lácteos en Panamá. A través de un comunicado, Anagan alertó que una apertura de este tipo «podría poner en riesgo el estatus sanitario de Panamá», particularmente su reconocimiento internacional como país libre de fiebre aftosa sin vacunación, un logro crucial para la industria ganadera nacional.
Estos acontecimientos marcan un periodo de significativa incertidumbre y tensión en Panamá, con importantes actores sociales y económicos expresando su preocupación por las decisiones gubernamentales y sus posibles repercusiones.
