Tras la entrega del informe final sobre el sitio minero de Donoso por parte de la Comisión Interministerial al Presidente de la República el pasado 30 de septiembre, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) consideró razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de la alternativa propuesta para abordar el futuro de la mina.
Según la CCIAP, la recomendación de la comisión plantea una ruta equilibrada que busca un cierre ordenado, autofinanciado y sin prórrogas, respetando el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la legislación vigente, al tiempo que aborda las contingencias jurídicas y económicas del país.
Cifras del desafío económico y ambiental
El informe técnico revela los elevados costos que implicaría un cierre no concertado de la mina:
-
Costo de cierre sin acuerdo: Estimado entre B/. 2,600 millones y B/. 3,400 millones durante un periodo de 17 a 19 años.
-
Reclamaciones en arbitrajes: El Estado enfrenta demandas arbitrales pendientes por más de US$ 27,000 millones (no reconocidas ni adjudicadas contra Panamá).
Desde el gremio empresarial se advirtió que asumir estos costos directamente con fondos públicos comprometería recursos críticos para sectores clave como educación, salud e infraestructura.
Garantías y condiciones exigidas
Si bien la Cámara reconoce los beneficios potenciales de la propuesta —tales como evitar el impacto fiscal directo en el Estado, resolver los litigios arbitrales y ordenar la transición socioambiental—, enfatizó que cualquier paso adelante exige salvaguardas estrictas:
-
Sustento jurídico: Plena compatibilidad con el fallo de la CSJ y la Ley 407 de moratoria minera.
-
Cierre garantizado: Definición de una fecha límite e inamovible, con recursos financieros debidamente protegidos y auditados.
-
Fiscalización e impacto local: Monitoreo ambiental riguroso e independiente, acompañado de priorización de empleo, proveedores locales y fortalecimiento de las comunidades impactadas y sus municipios.
Transparencia como pilar fundamental
La CCIAP subrayó que la transparencia debe ser el eje rector de todo el proceso, desde el diseño del mandato de negociación hasta la divulgación pública de los términos definitivos. El gremio instó a la ciudadanía y a los diversos actores sociales a abordar el debate nacional con serenidad, datos sustentados y sentido de país para garantizar una decisión jurídicamente sólida y económicamente sostenible para Panamá.
