El contralor general de la República ha expresado su preocupación por la gestión de empresas estatales y mixtas, señalando un posible despilfarro de recursos públicos. Como resultado, ha ordenado auditorías a compañías como Panama Ports, empresas eléctricas y la compañía del Ferrocarril, con el objetivo de garantizar que el Estado se beneficie de manera justa de estas inversiones.
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