La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inadmitió la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la resolución que reglamenta las medidas precautorias de la Contraloría General de la República, normativa que faculta al contralor Anel Flores a ordenar el secuestro de bienes y la retención de salarios en investigaciones por presuntas irregularidades con fondos públicos.
La decisión del máximo tribunal se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos formales exigidos para su admisión, por lo que la CSJ no entró a analizar el fondo de los argumentos presentados.
El cuestionamiento de la bancada independiente
El recurso legal había sido interpuesto por los diputados independientes Janine Prado, Luis Duke, Yamirelis Chong y Alexandra Brenes contra la Resolución N.° 3126-2025-LEG/PJ, dictada por Flores el 23 de septiembre de 2025.
Los parlamentarios sostenían que la norma vulneraba los artículos 32, 47, 280 y 281 de la Constitución Política referentes al debido proceso, la propiedad privada y las competencias de la jurisdicción de cuentas. En su recurso, argumentaban que la Contraloría estaba asumiendo funciones que corresponden exclusivamente al Tribunal de Cuentas para juzgar a los agentes de manejo y decretar la afectación de bienes.
Defensa del mecanismo y respaldo institucional
Frente a la controversia, la herramienta legal recibió el respaldo de distintas instancias del Órgano Ejecutivo y del ámbito judicial:
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Tribunal de Cuentas: El magistrado presidente, Rainier Del Rosario, aclaró que la resolución no crea nuevas atribuciones, sino que reglamenta facultades previas para evitar la evasión o traspaso de activos. Precisó que en 2024 las auditorías demoraban un promedio de cuatro años en concretar una medida cautelar.
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Órgano Ejecutivo: El presidente de la República, José Raúl Mulino, respaldó en octubre de 2025 las acciones de la Contraloría, señalando la efectividad de las medidas precautorias cuando existe causa justificada para salvaguardar el patrimonio estatal.
Alcance de las medidas e impactados
La normativa faculta la aplicación de secuestro de bienes, suspensión de pagos y retención de sueldos a funcionarios, exfuncionarios y personas naturales o jurídicas vinculadas a investigaciones patrimoniales.
A la fecha, la Contraloría ha emitido más de 40 órdenes de incautación sobre activos valorados en más de $24 millones. Entre las personas sujetas a estas acciones cautelares destacan:
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José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República.
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Nadia Del Río, exsecretaria ejecutiva de la Presidencia.
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Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI).
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Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
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Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde del distrito de San Miguelito.
