El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no admitir la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa del exvicepresidente y excandidato presidencial, José Gabriel «Gaby» Carrizo. Con esta decisión, el máximo tribunal deja en firme los artículos del Código Penal cuestionados y permite que el proceso penal en su contra siga su curso.
La resolución, bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez, fue adoptada el pasado 23 de marzo y oficializada mediante el Edicto N.° 484 este miércoles 1 de abril de 2026.
El recurso de la defensa
La advertencia fue interpuesta por el abogado Pedro Meilán, de la firma Meilán & Asociados, buscando atacar la constitucionalidad de dos artículos clave del Código Penal:
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Artículo 39: Referente a los eximentes de culpabilidad por error invencible sobre la ilicitud del hecho.
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Artículo 44: Que define la figura del cómplice primario en la comisión de un delito.
Sin embargo, los magistrados determinaron que el recurso no cumplía con los requisitos legales mínimos para su admisión, cerrando esta vía jurídica que buscaba frenar la aplicación de dichas normas en el caso.
Contexto del caso: Un patrimonio bajo la lupa
Carrizo se encuentra actualmente bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Las investigaciones, identificadas bajo la carpetilla 2026000059077, se centran en un presunto enriquecimiento injustificado por un monto de $1.9 millones en perjuicio del Estado panameño.
Cronología de la detención:
Noviembre 2025: La Contraloría General ordena el secuestro de bienes por $1.3 millones tras una auditoría administrativa.
27 de enero de 2026: Carrizo es aprehendido a su regreso de Guatemala, donde intentó, sin éxito, ser juramentado como diputado del Parlacen.
Enero – Febrero 2026: Se legaliza su aprehensión y se le imputan cargos por delitos contra la administración pública.
Origen de la investigación
El proceso penal escaló cuando la Contraloría General de la República remitió el expediente al Ministerio Público, tras detectar que el incremento patrimonial del exfuncionario no coincidía con sus ingresos declarados durante su gestión. Aunque inicialmente se hablaba de $1.3 millones, el hallazgo final del Ministerio Público elevó la cifra a $1.9 millones.
Con el rechazo de esta advertencia, el Ministerio Público mantiene el camino libre para avanzar en la etapa de investigación y eventual juicio contra el exvicepresidente.
