La Adjunta del Defensor del Pueblo de Panamá, Clarissa Martínez, alertó en el Foro Internacional de INDH en El Salvador sobre las graves afectaciones a los derechos humanos causadas por una megamina en el país.
Martínez presentó un informe que evidencia cómo se vulneró el derecho a la consulta ciudadana, ya que las comunidades afectadas no fueron debidamente consideradas en la toma de decisiones sobre el proyecto minero.
Además, denunció la falta de medidas ambientales y la afectación a derechos como la educación, la salud y el libre tránsito. La funcionaria panameña criticó también la escasa generación de empleo y el nulo desarrollo de las comunidades aledañas a la mina.
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