La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras), Alicia Jiménez, se pronunció sobre los efectos económicos generados por el cierre abrupto de la mina y los pasos a seguir en la toma de decisiones sobre el futuro del yacimiento. Jiménez señaló que el cese de las operaciones tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia —que declaró inconstitucionales 25 artículos del contrato ley— impactó de manera inmediata la dinámica económica regional, afectando a la cadena de proveedores, consumidores y a las cámaras de comercio afiliadas en regiones como Panamá Oeste, Colón y Aguadulce. «El cierre de un día para otro genera un problema financiero y económico directo para cubrir necesidades e interrumpe la actividad hacia adelante y hacia atrás», afirmó. Llamado a revisar los informes técnicos y participar en forosAl ser consultada sobre si las decisiones del Gobierno deben incluir a todos los sectores, la dirigente empresarial enfatizó que «la tarea tiene que ser de todos» y que la población debe asumir la responsabilidad de informarse a través de los canales oficiales.
