El Gobierno Nacional anunció este lunes que tomará una decisión definitiva sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso antes de que concluya el año. La postura oficial se sustentará en los resultados de una auditoría técnica integral que evalúa el impacto socioeconómico del cese de operaciones y revela diversos incumplimientos ambientales por parte de la concesionaria.
Durante una conferencia de prensa, los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y Juan Carlos Navarro (Ambiente) expusieron la complejidad de la situación tras el cierre de la mina en 2023, provocado luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 406.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reiteró que no se contempla restablecer el contrato anterior, pero advirtió que «cerrar la mina no eliminó el problema». Detalló que el desempleo en Coclé trepó del 4% al 13%, afectando a más de 40,800 empleos directos e indirectos (170,000 personas al contar dependientes) y golpeando a miles de pequeñas y medianas empresas. Ante esto, Moltó condicionó cualquier salida a tres principios básicos: garantizar la soberanía del Estado, evitar costos a los ciudadanos y proteger la seguridad jurídica para los inversionistas.
Por su parte, el titular del MEF, Felipe Chapman, cuantificó el impacto económico del cese del proyecto minero, señalando que Panamá dejó de generar más de B/. 6,300 millones en los últimos 32 meses, equivalentes a pérdidas diarias de unos B/. 5.9 millones. Chapman alertó sobre una caída del 65% en la inversión extranjera directa y del 75% en la exportación de bienes, desplazando al país de los liderazgos regionales de captación de capitales. «Estamos en la fase de análisis riguroso de la evidencia», aclaró, enfatizando que se examina el estado real de la mina sin apuros pero sin pausas.
En el ámbito ecológico, Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, expuso que la auditoría elaborada por la firma SGS mostró un 87.64% de cumplimiento en los 370 compromisos ambientales, pero identificó nueve deficiencias graves. Destacó que la empresa solo reforestó el 45.7% de su meta e intervino 322 hectáreas adicionales a las 2,100 permitidas en la fase de construcción.
Navarro alertó sobre riesgos latentes como la exposición de 38 millones de toneladas de material mineralizado que podrían generar drenaje ácido de roca si no se manejan de forma adecuada. De igual forma, vinculó el incremento de la minería ilegal en zonas como Darién, Veraguas, Colón, Donoso y Coclé con organizaciones criminales, tildándolo de amenaza inmediata.
La auditoría, compuesta por 15 tomos y 21 anexos, se mantiene bajo análisis de los equipos gubernamentales. Paralelamente, el Ejecutivo realiza pruebas independientes de agua, vegetación y suelo. La propuesta final que emane de este proceso será sometida al criterio de la comunidad científica, académica y ambiental antes de ser entregada al presidente de la República, José Raúl Mulino, en los próximos meses.
