El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha solicitado a la Embajada de Estados Unidos que se abstenga de hacer pronunciamientos públicos sobre decisiones que son competencia exclusiva del Gobierno panameño. Esta petición surge luego de que la Embajada estadounidense anunciara que 13 equipos de telecomunicaciones de la empresa china Huawei serían reemplazados por tecnología estadounidense segura.
Según Mulino, este comunicado unilateral de Estados Unidos busca involucrar a Panamá en el conflicto geopolítico entre China y la nación norteamericana. «Ellos peleen sus problemas en Washington o en Beijing, pero no en el patio panameño. Que por favor respeten que Panamá no es parte de ese conflicto bilateral de ninguna índole con China», enfatizó el presidente.
El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó que el proyecto de instalación de microondas y torres de telecomunicaciones en Darién y el este de Panamá comenzó en 2017 con fondos propios. Estados Unidos, que ha donado equipos de comunicación a Panamá, objetó el proyecto argumentando que la seguridad de sus equipos tecnológicos estaba en riesgo. Washington consideró que la red no cumplía con sus requisitos de seguridad y, en 2019, ofreció financiar el proyecto con $8 millones.
El presidente José Raúl Mulino afirmó que su administración no intervendrá para que Chiquita Panamá recontrate a los obreros despedidos tras la huelga de más de un mes y medio. Mulino detalló que este es un asunto entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera y Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana).
Además, el mandatario manifestó que no hay intención de pagar a Chiquita las multimillonarias pérdidas generadas por la huelga. «Si los trabajadores se la rifaron para acabar con Bocas del Toro en el último mes, como en efecto lo han hecho con la esperanza de que el gobierno llegaría a recoger los platos rotos y a poner un cheque como en otras administraciones para que los recontratarán, se equivocaron de gobierno», sentenció Mulino, añadiendo: «Se la buscaron».
Mulino también recalcó que, a pesar del acuerdo alcanzado el miércoles 11 de junio entre los diputados y Sitraibana, no todos los puntos bloqueados en Bocas del Toro se han normalizado. Explicó que los puntos que permanecen cerrados son responsabilidad de docentes que desconocen los acuerdos. «Vamos a reabrir esos puntos, Bocas del Toro no puede seguir secuestrado, usaremos la mayor cautela del mundo», expresó el presidente. El mandatario también reveló que se reforzará la seguridad en las instalaciones de Chiquita de Panamá, ya que son bienes de la empresa bajo concesión.
El presidente José Raúl Mulino lamentó que los gremios magisteriales insistan en paralizar las clases, a pesar de que se ha aclarado que la ley de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) no afecta sus jubilaciones. A su juicio, estas acciones aumentan la brecha de aprendizaje entre estudiantes de escuelas públicas y privadas.
«Es una vergüenza la educación pública en este país, no me escondo en decirlo», declaró Mulino. Mencionó que muchos padres hacen un esfuerzo por enviar a sus hijos a escuelas particulares debido a la deficiencia del sector público, aunque no tengan los recursos suficientes. Para Mulino, el comportamiento de los educadores es una «irresponsabilidad» con los estudiantes y padres, ya que buscan paralizar el sistema en lugar de transformarlo. «El sistema educativo es un caos y en gran parte lo forman los educadores; y contra esas mentalidades radicales es muy difícil una política de estado», afirmó.
Durante su conversatorio semanal, el presidente reiteró que la suspensión de salarios a los maestros en protesta se mantendrá, tal como anunció la Contraloría de la República, y negó cualquier posibilidad de diálogo con estos gremios. Según la entidad fiscalizadora, más de 5,000 docentes no cobrarán esta quincena por incumplir con sus jornadas laborales desde el 23 de abril. Los docentes, por su parte, han manifestado que seguirán exigiendo la derogación de la ley No. 462.
El presidente José Raúl Mulino se mostró sorprendido por las declaraciones del administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, quien advirtió que la compraventa de los puertos de Balboa y Cristóbal podría amenazar la neutralidad de la vía interoceánica.
«A mí me sorprendió muchísimo las declaraciones del administrador y nada menos que en el Financial Times, que no es cualquier periódico», expresó Mulino, asegurando desconocer el motivo de dichas declaraciones. Mulino aclaró que la administración y control de estos puertos no son competencia del Canal de Panamá. «El Canal de Panamá tiene su competencia y la República de Panamá, específicamente el gobierno en materia portuaria, tiene la suya a través de la Autoridad Marítima de Panamá», explicó.
En cuanto a la transacción de compraventa de los puertos, el mandatario dijo que oficialmente no tiene conocimiento de que haya avanzado. Detalló que el gobierno se está preparando para cuando se concrete o no esa transacción, y para ello han contratado asesoría internacional, ya que ven esta situación como una gran oportunidad para definir la política portuaria de Panamá a nivel mundial.
El 4 de marzo, el conglomerado hongkonés CK Hutchison y el grupo estadounidense BlackRock anunciaron un acuerdo preliminar para la compra del 90% de las acciones de Panamá Ports Company (PPC), operadora de los puertos de entrada del Canal. Esta operación forma parte de una transacción más amplia que incluye la venta del 80% de las acciones que CK Hutchison mantiene en más de 40 puertos de unos 20 países, por un total de 22,800 millones de dólares. Sin embargo, la transacción se mantiene detenida mientras es evaluada por las autoridades regulatorias de China.
