Una auditoría institucional entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha revelado una situación irregular en el sistema de bienestar del país. El cruce de información detectó que 8,010 beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) poseen registros vehiculares o cupos de transporte público, lo que ha puesto en marcha un proceso masivo de depuración.
Del total de hallazgos, 7,976 personas figuran con placas de vehículos a su nombre, mientras que 205 beneficiarios poseen cupos de transporte público. Esta última condición es considerada una causal directa de exclusión, ya que representa una fuente de ingresos comprobada que invalida la condición de vulnerabilidad necesaria para recibir el apoyo estatal.
Resultados de la depuración (2025-2026)
Tras el análisis realizado entre los periodos 2025 y 2026, las autoridades confirmaron la salida de cientos de personas del padrón:
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Exclusiones por cupos: Un total de 154 beneficiarios fueron retirados específicamente por poseer cupos de transporte en la ATTT.
Otras causas de salida: 4 beneficiarios adicionales con cupo salieron por motivos como defunción o jubilación, elevando a 158 los casos procesados en este rubro.
Casos con placa vehicular: 292 personas con registro de placa fueron excluidas por causas diversas (muerte, pensión o renuncia voluntaria).
Total de bajas: El número de beneficiarios vinculados a hallazgos en la ATTT que ya no pertenecen al sistema asciende a 450.
Actualmente, el Mides mantiene bajo revisión inmediata a 47 beneficiarios que aún cuentan con cupos de transporte activos en el padrón. 
El programa «120 a los 65» bajo la lupa
El programa destinado a los adultos mayores concentra la mayor cantidad de irregularidades. Se identificaron 6,961 beneficiarios con placa vehicular y 165 con cupo de transporte. De este último grupo, 117 ya han sido excluidos y 45 permanecen en proceso de revisión.
En otros programas como Ángel Guardián, se detectaron 28 casos con cupo (25 ya excluidos), mientras que en la Red de Oportunidades y SENAPAN todos los casos con cupos detectados fueron procesados y retirados exitosamente.
«Los programas sociales existen para proteger a quienes más lo necesitan, no para ser utilizados de forma indebida. Estamos aplicando controles más estrictos para actuar con transparencia», afirmó Magalys Araúz, directora de Desarrollo e Inclusión Social del Mides.
Es importante aclarar que, a diferencia de los cupos de taxi, poseer una placa vehicular es un indicador referencial. En estos casos, el Mides realiza informes sociales en las comunidades para evaluar si la tenencia del vehículo realmente descalifica a la persona por su situación económica actual.
Este anuncio coincide con el cierre del primer pago de 2026, donde el Estado desembolsó B/. 54,193,470 para atender a 186,225 beneficiarios legítimos en todo el territorio nacional.
