Gerente del Banco Nacional solicita al Ejecutivo el veto de ley que permite la prescripción de deudas bancarias
En el marco de la inauguración de Expocomer 2026, el gerente general del Banco Nacional de Panamá (Banconal), Javier Carrizo Esquivel, anunció que la institución enviará una nota formal al presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitando el veto total del Proyecto de Ley 388. Dicha normativa, aprobada recientemente en tercer debate por la Asamblea Nacional, busca establecer un procedimiento administrativo para la prescripción de deudas con entidades financieras.
Riesgos para los depositantes
Carrizo fue enfático al señalar que la iniciativa legislativa, presentada originalmente por el diputado Ernesto Cedeño, es inexequible e inconveniente para la estabilidad del sistema financiero panameño. Según el gerente, la ley atenta directamente contra la seguridad de los ahorros de los ciudadanos.
«Hay que recordar que por cada dólar que presta un banco, 90 centavos pertenecen a los depositantes y solo 10 centavos al dueño del banco o al Estado. Meter la mano para acelerar la caducidad de los préstamos no tiene sentido; nuestra prioridad es proteger a los depositantes», afirmó Carrizo ante los medios de comunicación.
Conflicto legal y constitucional
El líder de la principal entidad bancaria del Estado argumentó que el contenido del proyecto entra en conflicto directo con la Constitución Nacional y el Código de Comercio. Sostuvo que no se puede manejar con «ligereza» la caducidad de los préstamos, ya que esto rompería la naturaleza contractual entre el deudor y el acreedor que ha regido durante décadas en el país.
Para el sector bancario, acelerar estos procesos administrativos podría incentivar la cultura del no pago y comprometer la seguridad jurídica, afectando la percepción de riesgo país de Panamá en los mercados internacionales.
Un frente unido contra la ley
La postura del Banco Nacional se suma al rechazo expresado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y la Superintendencia de Bancos, quienes advirtieron que la eliminación de deudas por vía administrativa tendría efectos negativos en la disponibilidad de crédito para la población en general.
Ahora, la decisión final queda en manos del presidente Mulino, quien deberá decidir si sanciona la ley o si, atendiendo las advertencias técnicas de los reguladores y la banca estatal, procede con el veto solicitado.
