La gobernadora de Panamá, Judy Meana, fungió como testigo del acuerdo firmado entre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y el Ministerio de Gobierno (Mingob) que pretende minimizar el número de armas en los barrios y avenidas.
- El citado acuerdo Interinstitucional de Cooperación y Asistencia Técnica fue suscrito por Juan Pino, en su condición de ministro de Seguridad Pública y Janaina Tewaney Mencomo, jefa de la cartera de Gobierno en un acto celebrado en la mañana de este miércoles, 10 de junio, en el que asistió también el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda.
La iniciativa en mención crea y organiza el Programa de Intercambio de Armas, Municiones, Explosivos y/o Artículos Relacionados por vales y/o bonos y/u oportunidades de becas de estudios que serán obtenidos y entregados por la Gobernación de Panamá como alternativa efectiva con miras a conservar el orden público y la paz social en la población residente en la provincia de Panamá.
En coordinación con los ministerios de Seguridad Pública y de Gobierno, la Gobernación de Panamá podrá realizar esta iniciativa como mínimo dos veces al año en cualquier lugar previamente determinado, y sus beneficiados recibirán, a cambio de la entrega de armas, municiones, explosivos o cualquier otro artículo relacionado, un vale y/o bono canjeable en el comercio. En caso de aplicar, el beneficiario también puede recibir una beca de estudio.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Armamento, determinará, previa evaluación, el valor en el mercado de las armas, municiones, explosivos y materiales relacionados que sean recibidas por las autoridades. En base a ese peritaje se fijará el monto de bono que se le proporcionará al beneficiario del programa.
Minseg y Mingob acordaron, igualmente, establecer una comisión que tendrá la responsabilidad de rendir un informe cuatrimestral sobre el avance del programa. La citada comisión estará compuesta por un representante por cada uno de los ministerios e igual número de integrantes por la Gobernación de Panamá, organizaciones cívicas y agrupaciones eclesiásticas.
Cada una de las partes designará un representante que, en conjunto, tendrán la misión de planificar y coordinar los planes de ejecución del citado programa junto con sus actividades y proyectos. Esos planes requerirá la aprobación de las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Gobierno.
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