Con el objetivo de impulsar una nueva etapa de estabilización, fortalecimiento y modernización en las cárceles del país, el Ministerio de Gobierno (Mingob) oficializó la creación del Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias. La medida quedó establecida mediante la Resolución No. 186-R-176, fechada este viernes 13 de noviembre de 2026.
Según detalla el documento oficial, este nuevo organismo funcionará como un mecanismo de apoyo directo al Despacho Superior del Ministerio de Gobierno. Su misión principal será la conducción estratégica, la coordinación interinstitucional, el análisis de información, la identificación de riesgos y el seguimiento de acciones dirigidas a fortalecer la Dirección General del Sistema Penitenciario.
¿Quiénes integrarán el nuevo centro?
La resolución establece que el Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias estará presidido directamente por el o la titular del Ministerio de Gobierno, quien fijará las prioridades institucionales y aprobará las líneas de coordinación. Además, estará conformado por:
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El Director o Directora General del Sistema Penitenciario.
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El Jefe o Jefa de Seguridad Penitenciaria.
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El Director o Directora de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno (o su designado).
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El Director o Directora de la Oficina de Planificación del Ministerio de Gobierno (o su designado).
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Un Secretario Técnico del Centro de Operaciones Penitenciarias.
Asimismo, el texto normativo contempla que, cuando la naturaleza de los temas a discutir así lo requiera, se podrá convocar a las sesiones a los estamentos de seguridad para una participación temporal.
Funciones clave e inteligencia penitenciaria
Entre las diez funciones asignadas a esta nueva instancia destacan el análisis permanente de la situación general del sistema carcelario, la identificación de vulnerabilidades que puedan comprometer la continuidad de los servicios y la consolidación de información sobre incidentes, novedades y condiciones de seguridad. También tendrá la tarea de detectar necesidades en materia de infraestructura, equipamiento, tecnología y recursos humanos, así como recomendar medidas administrativas y técnicas de gestión.
En el ámbito operativo, el centro efectuará coordinaciones en materia de seguridad e inteligencia penitenciaria bajo estrictos protocolos. Para ello, contará con un Sistema de Información y Análisis Estratégico que recopilará y actualizará datos clave sobre:
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La población penitenciaria y su estatus jurídico.
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Condiciones de seguridad.
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Traslados.
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Sistemas de vigilancia y control.
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Procesos de rehabilitación.
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Confidencialidad y protección de datos personales.
Sustento legal y entrada en vigencia
En los considerandos de la resolución, la Ministra de Gobierno fundamenta la decisión en el artículo 28 de la Constitución Política —que establece que el sistema penitenciario se basa en la seguridad, rehabilitación y defensa social—, así como en la Ley 55 de 2003 y la Ley 19 de 2010. El Ejecutivo subraya la necesidad de aplicar una política penitenciaria nacional que combine el ejercicio legítimo de la autoridad, la disciplina y la eficacia administrativa con la profesionalización del personal y el respeto a las garantías fundamentales.
Finalmente, el documento dispone que el propio Centro deberá establecer mediante resolución la reglamentación con las directrices y procedimientos para cumplir sus funciones, entrando en vigor a partir de su promulgación
