El Consejo de Gabinete panameño dio luz verde a un proyecto de ley que busca reforzar la disciplina fiscal y reducir la deuda pública del país. La nueva legislación, que modifica la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, establece metas claras y mecanismos de control para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Una de las principales novedades de esta ley es la fijación de una meta a largo plazo para reducir la deuda pública neta del sector público no financiero hasta alcanzar un nivel igual o inferior al 50% del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de diez años. Posteriormente, se buscará reducir aún más este indicador hasta llegar al 40% en los siguientes cinco años.
Para garantizar el cumplimiento de estas metas, se establece la obligación de mantener un superávit primario a partir de 2028. Además, se crea un Consejo Fiscal, un órgano técnico independiente encargado de evaluar y emitir recomendaciones sobre la política fiscal del país.
La nueva ley también contempla mecanismos de flexibilidad para enfrentar situaciones excepcionales, como estados de emergencia o desaceleraciones económicas. Sin embargo, estos mecanismos están sujetos a estrictos controles y requieren la aprobación del Consejo de Gabinete.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta iniciativa busca:
- Fortalecer la credibilidad del país: Al establecer reglas claras y transparentes para la gestión de las finanzas públicas.
- Aumentar la predictibilidad: Al definir metas claras para la reducción de la deuda y el superávit primario.
- Mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas: Al garantizar una gestión responsable de los recursos públicos.
Con esta ley, Panamá reafirma su compromiso con la disciplina fiscal y la sostenibilidad económica, lo que se traduce en mayor confianza por parte de los inversionistas y organismos internacionales.
