En una audiencia de solicitudes múltiples celebrada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), el juez de garantías Óscar Carrasquilla imputó cargos por delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, al exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, y al exingeniero municipal, Adriano Ferrer (periodo 2019-2024).
Pese a la imputación, el juez decretó ilegal la aprehensión de ambos exfuncionarios, realizada el pasado miércoles 23 de abril. Carrasquilla fundamentó su decisión en que el Ministerio Público no sustentó debidamente la vinculación de los aprehendidos al momento de la detención, calificando el procedimiento de innecesario bajo las circunstancias presentadas.
Medidas Cautelares y Detalles del Caso
Tras cinco horas de audiencia, el tribunal impuso las siguientes medidas:
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Reporte periódico: Los imputados deberán firmar los días 5 de cada mes.
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Mantenimiento de domicilio: Obligación de residir en sus direcciones actuales.
La investigación, liderada por el fiscal anticorrupción Alexander Javier González, gira en torno a la construcción del proyecto «Hogar Feliz», un asilo para adultos mayores en Potrero Grande, corregimiento de El Coco. Según la fiscalía, existe una presunta lesión patrimonial de 120 mil dólares, debido a que la obra —financiada con fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles— fue presuntamente edificada en un terreno privado y actualmente se encuentra en estado de abandono.
Cuestionamientos al Ministerio Público
Durante el acto judicial, el juez Carrasquilla dirigió fuertes críticas a la fiscalía, señalando la ausencia de una auditoría de la Contraloría General de la República que certifique formalmente el monto del perjuicio económico. El juez advirtió que dicha auditoría fue solicitada apenas hace cinco días y cuestionó por qué no se ha vinculado a la empresa constructora ni a los funcionarios de la Contraloría que refrendaron la obra en 2019.
«Tienen una deuda dentro de este proceso de investigación», advirtió el magistrado al fiscal.
Defensa y Declaraciones
A la salida del juzgado, Tomás Velásquez rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una persecución política contra miembros del PRD:
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Sobre el terreno: Afirmó que el lote pertenecía al municipio y fue cedido gratuitamente para una obra social desde 1999.
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Sobre la ejecución: Aseguró que la Contraloría aceptó el proyecto y que él no ha «cogido una plata del Estado».
Por su parte, el exingeniero Adriano Ferrer, representado por el abogado Ricardo Bonilla, sostuvo que la obra se completó al 100% conforme al contrato y que el deterioro actual se debe al abandono de quienes recibieron la administración, no a una malversación de fondos.
El exalcalde, quien gobernó el distrito por dos periodos (2014-2024), fue recibido en las afueras de la sede judicial por familiares y simpatizantes en medio de un clima de tensión política. El Ministerio Público dispone ahora de un periodo de seis meses para profundizar en las investigaciones.
