La Región de Salud de Panamá Este continúa reforzando sus esfuerzos para combatir la propagación del VIH en la población privada de libertad. A través de siete giras de tamizaje realizadas en el Centro Penal Nueva Joya durante este año, se han procesado más de 1,400 pruebas, detectando 22 nuevos casos.
Bernabé González, director regional de Salud en Panamá Este, destacó la importancia de estas iniciativas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad a los privados de libertad. «Nuestro objetivo es prevenir la transmisión del VIH y brindar un tratamiento oportuno a quienes lo necesitan», afirmó González.
Por su parte, Yilany Bernardo, jefa de Provisión de Servicios de Salud, enfatizó que la atención integral a los privados de libertad con VIH es una prioridad para la región. El Centro Médico Virgen de La Merced, ubicado dentro del Complejo Penitenciario La Joya, se encarga de brindar tratamiento antirretroviral a más de 170 detenidos.
Anel Cerrud, coordinador médico de la Clínica de Tratamiento Antirretroviral del CMVM, explicó que las actividades de la clínica incluyen no solo el tamizaje de VIH, sino también el seguimiento y tratamiento de los casos positivos. «Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los privados de libertad que viven con VIH y reducir la transmisión del virus dentro de los centros penitenciarios», señaló Cerrud.
La detección temprana del VIH es fundamental para iniciar el tratamiento de manera oportuna y mejorar el pronóstico de los pacientes. Gracias a las acciones implementadas por la Región de Salud de Panamá Este, un mayor número de privados de libertad están recibiendo el diagnóstico y el tratamiento adecuado, lo que contribuye a disminuir la carga viral y prevenir la transmisión del virus.
A pesar de los avances logrados, la atención a la población privada de libertad con VIH sigue siendo un desafío. La alta densidad poblacional en los centros penitenciarios y las condiciones de hacinamiento dificultan la implementación de programas de prevención y tratamiento. Sin embargo, las autoridades de salud continúan trabajando arduamente para garantizar que todos los privados de libertad tengan acceso a los servicios que necesitan.
