El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ha tomado la drástica decisión de cancelar la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. Esta medida se produce tras una auditoría iniciada en 2022 que reveló un total de 24 hallazgos, 14 de ellos en el ámbito financiero y 10 en la falta de controles de prevención de blanqueo de capitales, los cuales no fueron subsanados por la administración de la cooperativa.
Uno de los puntos más críticos de la auditoría es la revelación de que la cooperativa, que ha recibido aproximadamente 8 millones de dólares del sindicato Suntracs desde 2012, destinó el 79% de sus créditos a terceras personas y no a sus propios asociados. Esta práctica contraviene directamente los valores y principios fundamentales del cooperativismo.
Ipacoop justificó la cancelación de la personería jurídica al señalar que la cooperativa «no mantiene los controles necesarios y sustentados que respalden su buen funcionamiento». La decisión se fundamenta en las facultades fiscalizadoras que le otorgan la Ley 17 del 1 de mayo de 1997 y la Ley 23 de 2015, esta última en materia de supervisión para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
La auditoría detalló que los 8 millones de dólares aportados por el sindicato Suntracs a la cooperativa se canalizaron a través de dos líneas de crédito. Ipacoop sostiene que esto evidencia un uso de la cooperativa como intermediaria de fondos del sindicato, que fueron dirigidos a terceros y empresas vinculadas sin la debida diligencia exigida por la Ley 23. Además, no se realizó un análisis riguroso de la capacidad de pago, lo que benefició a estas empresas y terceros en detrimento de los propios asociados.
Un caso particular que llamó la atención en la auditoría fue el de un asociado y directivo de la cooperativa, quien recibió un crédito de 52 mil dólares para la compra de un vehículo con un plazo de 8 años. Sin embargo, este directivo, con un salario mensual de 2,800 dólares, canceló el préstamo en solo 2 años, realizando adelantos de pagos de entre 5 mil y 10 mil dólares. Este comportamiento financiero excede su perfil declarado, lo que, según Ipacoop, debió haber generado un reporte ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por parte del oficial de cumplimiento de la cooperativa, quien no acató los procesos de control exigidos por la Ley 23.
La decisión del Ipacoop, como ente regulador, busca fortalecer la sostenibilidad del sistema cooperativo panameño y preservar la confianza de la población, reafirmando el principio de que «nada ni nadie está por encima de la ley».
