En una jornada judicial de alto perfil que se extendió hasta horas de la noche de este miércoles 28 de enero, la jueza de garantías Oris Medina decretó la medida cautelar de arresto domiciliario e impedimento de salida del país contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
Captura en Tocumen y audiencia de garantías
Carrizo fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a su llegada al país procedente de Guatemala. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad por parte de fuerzas especiales de la Policía Nacional, el excandidato presidencial fue trasladado a la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora, donde la audiencia inició formalmente a las 5:05 p.m.
Durante la diligencia, el Tribunal legalizó su aprehensión y dio por presentada la formulación de cargos solicitada por las fiscales anticorrupción Adela Cedeño y Patricia Herrera.
El sustento de la imputación: $1.9 millones sin justificar
La fiscalía basó su acusación en un informe de la Contraloría General de la República que revela una discrepancia significativa en el patrimonio del exfuncionario:
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Gastos y recursos analizados: Aprox. $9 millones de dólares.
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Ingresos reportados: Aprox. $7 millones de dólares.
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Diferencia: Un incremento patrimonial de 1.9 millones de dólares que, según el Ministerio Público, no ha sido debidamente justificado.
Esta investigación tiene su origen en noviembre de 2025, cuando el contralor Anel Flores ordenó el secuestro de cuentas bancarias y bienes del exvicepresidente en diversas entidades financieras como el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Prival.
Estrategia de la defensa y debate por competencia
El equipo legal de Carrizo, liderado por los abogados Víctor Orobio, Roberto Moreno y Pedro Meilán, intentó frenar el proceso mediante una advertencia de inconstitucionalidad. La defensa argumentó que, como exvicepresidente, Carrizo adquiere automáticamente la condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que debería trasladar la competencia del caso a la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, la jueza Medina rechazó suspender el acto y determinó que el proceso debe continuar bajo la jurisdicción ordinaria del Sistema Penal Acusatorio. Por su parte, el abogado Orobio calificó la investigación como apresurada, señalando que «la carpeta tiene menos de 20 días» y que el supuesto enriquecimiento «no existe».
Próximos pasos judiciales
A pesar de que la Fiscalía solicitó medidas más severas basándose en el riesgo procesal y la gravedad del delito, la jueza optó por el depósito domiciliario. Tanto el Ministerio Público como la defensa técnica han anunciado recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas.
La audiencia para resolver estos recursos ha sido programada para el próximo jueves 12 de febrero a las 8:30 a.m. ante el Tribunal Superior de Apelaciones. Hasta entonces, Carrizo deberá permanecer bajo custodia en su residencia.
