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Jueza se acoge a término de ley para dictar sentencia en juicio contra Rodríguez y Pittí por Caso Pinchazos

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Tras una extensa jornada en el Palacio de Justicia Gil Ponce, concluyó este viernes 24 de abril el juicio ordinario contra Ronny Rodríguez y William Pittí, exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), por el presunto delito de peculado relacionado con la desaparición de un equipo de interceptación de comunicaciones valorado en más de 13 millones de dólares.

La jueza Águeda Rentería, del Juzgado Liquidador de Causas Penales, se acogió al término de ley para emitir una sentencia, que podrá ser condenatoria o absolutoria, luego de escuchar los alegatos finales de la Fiscalía Anticorrupción y de la defensa técnica.

Argumentos de la Fiscalía: «Tenían el control»

El fiscal anticorrupción Javier Cuadra Herrera solicitó la pena máxima para este delito (cuya mínima es de 5 años), fundamentando su petición en testimonios que ubican la «máquina pinchadora» en el Edificio 150 del CSN.

Defensa denuncia persecución política

Por su parte, los abogados defensores Alejandro Pérez y Roniel Ortiz sostuvieron que el caso es una «falsedad» fabricada durante la administración de Juan Carlos Varela para forzar a sus clientes a testificar contra el expresidente Ricardo Martinelli.

Detalles del proceso

Debido a temas logísticos y de seguridad, los imputados participaron en la audiencia vía videollamada (Zoom) desde su lugar de reclusión en la Policía Nacional, donde permanecen desde que se entregaron a finales de marzo. El juicio se realizó bajo las reglas del antiguo Sistema Inquisitivo Mixto.

Dato Clave Detalle
Equipo en disputa Software de vigilancia (Caso Pegasus / Pinchazos).
Monto de la lesión Más de 13 millones de dólares.
Estatus de los imputados Bajo custodia de la Policía Nacional.
Próxima fecha clave Miércoles 29 de abril (Segundo proceso judicial).

Lo que sigue: Violación a la intimidad

Apenas termine este proceso por peculado, Rodríguez y Pittí deberán enfrentar un segundo juicio el próximo miércoles 29 de abril. Esta nueva causa está relacionada con delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, centrada específicamente en las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas a más de 100 personas entre 2009 y 2014.

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