En un paso decisivo para transformar el sistema de cuidado infantil en el país, la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles de Arango, encabezó una mesa de trabajo interinstitucional que culminó en la adopción de un ambicioso plan de acción para fortalecer los albergues y centros de atención integral para niños, niñas y adolescentes.
Un enfoque de responsabilidad compartida
Durante el encuentro, la ministra Carles de Arango enfatizó que la protección de los menores no es una tarea aislada, sino una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
«La protección integral de la niñez requiere coordinación efectiva y decisiones inmediatas ante un tema de alta sensibilidad y urgencia», subrayó la titular del Mides, destacando que el plan busca resultados concretos y medibles en plazos definidos.
Claves del nuevo Plan de Acción
La iniciativa, fundamentada en la Ley 285 de 2022 y el Decreto Ejecutivo 404 de 2020, establece una hoja de ruta técnica para elevar los estándares de cuidado a través de:
-
Estandarización de la respuesta: Se actualizará el protocolo para la atención de niñez sin cuidado parental, permitiendo una clasificación adecuada por rangos de edad y perfiles diferenciados.
-
Atención especializada: El plan incluye un abordaje técnico de conductas asociadas al trauma, asegurando que las intervenciones sean oportunas y centradas en la salud mental.
-
Fortalecimiento de procesos: Se optimizarán los métodos de ingreso y asignación en los centros de atención para garantizar que cada menor reciba el cuidado específico que su situación individual requiere.
Alianza Multisectorial
El éxito de este plan descansa en la articulación de diversas entidades que participaron activamente en la mesa de trabajo, incluyendo:
-
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud.
-
Senniaf, Policía Nacional y Defensoría del Pueblo.
-
Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.
-
Universidad de Panamá y el apoyo técnico de UNICEF.
Compromiso con los Derechos Humanos
Bajo este nuevo marco normativo, el MIDES reafirma su rol como ente rector en la implementación y seguimiento de políticas públicas que aseguren una atención multidisciplinaria y con enfoque de derechos humanos. Este esfuerzo busca generar una transformación profunda en el sistema de protección, garantizando que los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuenten con un entorno seguro y digno para su desarrollo.
