Mulino veta proyectos sobre beneficios a jubilados y reglamento interno de la Asamblea Nacional

El mandatario objetó totalmente la propuesta de nuevos descuentos para la tercera edad y parcialmente las reformas al RORI, argumentando razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó y devolvió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley aprobados por el Órgano Legislativo, tras considerar que varias de sus disposiciones entran en conflicto directo con la legislación vigente y la Constitución Nacional.

A través de una comunicación dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, el Ejecutivo formalizó las objeciones al Proyecto de Ley 226 de 2025 (sobre beneficios a jubilados y tercera edad) y al Proyecto de Ley 594 (que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional – RORI). El anuncio se dio a conocer formalmente este domingo 20 de septiembre, mientras el gobernante se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Veto total al Proyecto de Ley 226: Descuentos a jubilados

Respecto al Proyecto de Ley 226 de 2025, que buscaba adicionar y modificar artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, el presidente Mulino resolvió objetarlo en su totalidad por razones de inexequibilidad e inconveniencia.

En su misiva, el gobernante reconoció que la iniciativa impulsada por el Legislativo persigue un «objetivo social legítimo»; sin embargo, argumentó que los términos aprobados vulneran preceptos legales y constitucionales.

La propuesta vetada contemplaba una amplia gama de beneficios e incrementos en descuentos, entre los cuales destacaban:

• Servicios básicos: Reducciones por primera vez en tarifas de agua, tasa de aseo, internet, televisión por cable y equipos de asistencia médica.

• Salud e higiene: Un 30% de descuento en medicamentos, 15% en servicios de clínicas y hospitales privados, 25% en productos de higiene y 30% en pañales desechables para adultos.

• Sector financiero: Un descuento mínimo del 30% en tasas, cargos, tarifas, comisiones y seguros asociados a tarjetas de crédito y débito.

• Turismo y entretenimiento: Rebajas de hasta el 50% en cines, teatros u hoteles (de lunes a jueves) y un 25% en pasajes aéreos.

Tras conocerse la decisión, el dirigente del movimiento de jubilados, Guillermo Cortés, manifestó que reconoce las facultades constitucionales del mandatario para objetar la norma. No obstante, advirtió que las agrupaciones se mantendrán vigilantes ante futuras iniciativas legislativas que busquen beneficiar a la población jubilada, valorando al mismo tiempo el canal de diálogo abierto con el Ejecutivo.

Veto parcial al Proyecto de Ley 594: Reformas al RORI

Por su parte, el Proyecto de Ley 594, que modifica la Ley 49 de 1984 sobre el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, recibió un veto parcial por parte del Ejecutivo. De acuerdo con el comunicado oficial, un total de nueve artículos fueron objetados por razones de inexequibilidad e inconveniencia.

Este proyecto había generado una fuerte controversia ciudadana y política. Aunque en sus etapas iniciales fue presentado como un avance institucional, durante su segundo debate en el pleno sufrió modificaciones sustanciales que revivieron temas sensibles, como el control de asistencia de los diputados y la gestión directas de obras en los circuitos electorales (práctica vinculada a las cuestionadas ‘partidas circuitales’).

La iniciativa había sido aprobada en tercer debate el pasado 11 de agosto con los votos de la bancada oficialista Realizando Metas (RM) y el respaldo de sus aliados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y la bancada mixta, frente al rechazo de las bancadas Vamos y Seguimos, quienes en su momento solicitaron públicamente el veto presidencial.

Próximos pasos en el Órgano Legislativo

Con la devolución formal de ambos textos por parte del presidente Mulino, la Asamblea Nacional deberá remitir las iniciativas a sus comisiones respectivas para discutir las objeciones presentadas.

El pleno legislativo tendrá que decidir si acoge las observaciones del Ejecutivo para modificar los artículos señalados o si, por el contrario, insiste en la redacción original de los proyectos conforme al procedimiento que establece la Constitución Nacional.