Por: Luís Fuentes Montenegro
Abogado.
luisfuentesmontenegro@gmail.com
Cada cierto tiempo, el fantasma de las llamadas Listas Negras pone a flote la atención mediática y de los gobernantes de turno, sobre todo en los países de «Tercer Mundo». El asunto se vuelve repetitivo y simplista: por un lado, la necesidad de que el pais no siga formando parte de esos listados, y por otro lado, el comportamiento robótico de quienes gobiernan para aceptar imposiciones foráneas so pretexto de que es fundamental para ser excluido de las mismas.
Las listas negras comienzan a ejercer relevancia para América Latina, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando EEUU confecciona un listado con nombres, apellidos, direcciones, familia, negocios, propiedades que consideraba sospechosos de apoyar al Tercer Reich. En ese sentido, alemanes, japoneses, y algún número de italianos fueron detenidos, encarcelados, deportados, sus bienes decomisados. Nuestra república no fue una excepción en ese contexto, incluso contaba con el campo de confinamiento El Emperador ubicado en la antigua Zona de Canal de Panamá.
Desde entonces la denominación de Listas Negras como instrumento de reducción de derechos, de imposiciones y de presión revestida de una aparente juricidad, va y viene, filtrado entre las reglas y normativas del Derecho Internacional. A finales del siglo pasado, circunscrito a los temas de narcotráfico, en específico a partir de la década de 1980, las Listas Negras se aplican como un mecanismo empleado por organismos internacionales, por países con capacidad de incidencia real ante otros que se ven compelidos a cumplir, acatar, impulsar «recomendaciones» provenientes de dichos entes, siempre con el propósito formal de que así podrían reducir las vulnerabilidades y fortalecer sus políticas locales nacionales en una lucha, primero, centrado contra el narcotráfico, luego, contra el blanqueo de capitales que tenían como delito precedente el tráfico de drogas ilegales, posteriormente se amplia a un blanqueo de capitales que tienen por delito primario una variedad de comportamientos tipificados penalmente, y así los linderos se van ampliando, incorporándose temas tributarios, de mercados financieros, societarios, y de colaboracionismo policial fiscal.
En esas ampliaciones, también las Listas Negras pasaron a ser un instrumento para favorecer localidades propias en detrimento de otras localidades, de competencia desleal entre un régimen sancionatorio de algunos «paraísos fiscales», simultáneamente beneficiando a otros que paradójicamente forman parte de los territorios o dominios de los países que emiten sus Listas Negras y de los países que inciden en algunos organismos internacionales. Ahí, debe decirse: predomina una modalidad de doble discurso.
Panamá en sus últimos años, ha promovido una legislación en materia de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, a la verdad de vanguardia. Sin embargo, poco parece servir; sus reformas al régimen de sociedades anónimas, de mediatizacion del principio constitucional de territorialidad, el endurecimiento tributario, el cese del llamado secreto bancario absoluto, etc., poco parece que ha ayudado ante la constancia de Listas Negras que incorporan una y otra vez Panamá. De nada, parece contribuir la tendencia sumisa de uno y otro gobierno por acatar recomendaciones que operan contra el sistema económico nacional y su soberanía financiera. A tal punto que muchas veces, aplicamos e intentamos aplicar «recomendaciones» y/o imposiciones de un modo contento y como si fueran las grandes innovaciones para que por fin no nos incluyan en las Listas Negras.
Unos años atrás, en Panamá se había valorado las pocas ventajas que representaba ser parte de OCDE. Hoy la postura es contraria. Pero volvemos a repetir el mismo slogans: si aprobamos esto, vamos a salir de dichas listas. En la medida en que quienes lleven la voz representativa del Estado, no asuman con valentía el significado de la soberanía económica y financiera, sin que ellos signifique que debemos estar alejados de los mercados internacionales ni del mundo, Panamá va a estar a la merced de las presiones con doble moral de algunos organismos internacionales y de algunos países que nos siguen mirando como colonias.
El proyecto de ley de sustancia económica, debo decirlo: no va a garantizar que Panamá no siga siendo incluida en una u otra Lista Negra. Tampoco va a ayudar a una disminución de desempleo, ni va a acabar con el blanqueo de capitales. Argumentar de dicha manera, solo corresponde a una teorización simplista y engañosa. No juguemos de semejante modo. El país no se lo merece.
